Nuestro medio entrevistó en exclusiva a la Secretaria Gremial del sindicato de Obras Sanitarias, Yolanda Mamaní, quien nos comentó la postura del gremio ante un posible incremento de la tarifa del agua, destacando que sería favorable un aumento, pero teniendo en cuenta la necesidad de seguir manteniendo la tarifa social para los más carenciados. También comentó acerca del proyecto de ley, para declarar el acceso al agua potable y al servicio de cloacas como un derecho humano, indicando que, tal como está presentado, sería inviable en nuestra provincia.
Mamaní señaló que “sé que la empresa está trabajando en un proyecto, que todavía nosotros como gremio no lo conocemos, a pesar de que se lo hemos pedido. De todas maneras la entidad gremial apoyará, en tanto y en cuanto se tome la debida prevención de que este impacto no incida en la gente de menores recursos”.
A esto agregó que “si bien es cierto que existe la tarifa social, hay que compatibilizar y ver de que eso se siga manteniendo. Pero nosotros estamos de acuerdo con que la gente que tiene con qué pagar, lo tiene que pagar al aumento”.
En este sentido, “es necesario para mantener los servicios, porque los costos son bastante altos respecto a lo que hoy se recauda, y hoy no existe una autofinanciación de la empresa. Pero mientras esto se mantenga, el Gobierno sí o sí tiene que otorgar un subsidio fijo a la empresa, porque no se puede seguir manteniendo”.
Sin embargo, “no es menos cierto que el Gobierno debe tomar los debidos recaudos, de controlar y auditar a la empresa, para que lo poco que existe también se gaste bien”.
En lo que hace al proyecto de ley, para declarar el acceso al agua potable y al servicio de cloacas como un derecho humano, “no está mal el concepto, pero no puede ser a todo el mundo y tiene que haber una limitación, como la tarifa social de nuestra provincia. Así como está ese proyecto no podría ser, porque entonces nadie pagaría el agua, o casi nadie, y no todo el que se inscribe en un grupo habitacional del Gobierno es carenciado”.
Por lo tanto, “yo creo que no está mal, pero hay que consensuarlo un poco con las experiencias. Para eso tenemos a nuestros diputados nacionales, que supongo van a tener acceso a ese proyecto, porque así como está nadie estaría pagando el agua. La cuestión de la superficie cubierta es un tema, porque hoy por hoy las viviendas no exceden los 60 metros cuadrados”.
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