Con la intención de salvar “décadas de atraso” con respecto a “la ausencia de políticas hídricas en la provincia”, período que incluyó tanto a gobiernos democráticos como militares, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente trazó un conjunto de líneas de acción para el saneamiento que se llevarán a cabo a mediano y largo plazo. Si bien el tema de la sequía aparece como la punta del iceberg –aunque también vinculada a desmanejos en cuanto a obras inoportunas realizadas en los Bajos Submeridionales–, hay otras situaciones verdaderamente conflictivas que desde hace tiempo vienen soportando unas 75 poblaciones santafesinas que están expuestas a una gran cantidad de enfermedades motivadas por la mala calidad o la escasez del agua de consumo cuya incidencia supera la media nacional. Inclusive, desde la actual gestión se está analizando la posibilidad de que Assa cambie su encuadramiento jurídico como sociedad anónima para pasar a conformarse como sociedad del Estado.
Según afirma el secretario de Aguas de ese Ministerio, Hugo Orsolini, el proyecto encarado “es inédito”, tanto por su magnitud como por la intención de modificar el modelo de prestación. “Es que actualmente nos encontramos ante un modelo injusto en cuanto a la prestación del servicio, ya que el Estado provincial asiste con agua potable sólo a quince localidades que incluyen el 60 por ciento de la población santafesina. Sin embargo, el 40 por ciento restante, repartido en 347 localidades, no es asistida y consume agua cuya calidad no se ajusta a las normas de aplicación, situación que en algunos casos debería ser corregida en un plazo de dos a seis años, mientras que en lo que respecta a unas 50 poblaciones debería comenzarse ya”, dijo el funcionario.
En tanto, el mismo modelo “agudiza la discriminación, cuando se examina la cobertura del servicio en materia de desagües cloacales”, ya que las poblaciones asistidas tienen una cobertura en la recolección de efluentes domiciliarios del orden del 64 por ciento, mientras que el resto tiene una cobertura del 19 por ciento. “Por eso entendemos que el agua debe ser una política de Estado para que no sea un bien comercial y se reconozca en cambio como un bien social imprescindible y hasta un derecho humano”, insistió el secretario y docente titular de la cátedra de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UNR. En esa línea remarcó que “uno de los pilares de la gestión es plantear una gestión descentralizada y participativa, que debe diseñarse a partir de una autoridad del agua, inclusión de regiones hídricas y monitoreo con la intervención de asambleas de usuarios”, dijo el especialista.
De acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Aguas, las 347 poblaciones no asistidas por el Estado provincial se encuentran en la actualidad en situaciones diferentes. “Algunos municipios y cooperativas, a puro esfuerzo y sin asistencia, han logrado concretar la prestación de un servicio de provisión de agua, pero lamentablemente, muchas se encuentran con déficits alarmantes”, se señala a través del diagnóstico.

Enfermedades “hídricas”
La “virtual ausencia del Estado en la definición y aplicación de una política de saneamiento a lo largo de tres décadas o más” se tradujo en enfermedades “hídricas” que impactaron severamente en la salud provincial. Según un estudio epidemiológico sobre la exposición al arsénico a través del consumo de agua –realizado en 2002 por el epidemiólogo German Corey de la Organización Panamericana de la Salud y que incluyó encuestas a 1.123 habitantes de sesenta poblaciones del oeste provincial– se encontraron veintiocho casos positivos de hidroarcenisismo crónico regional endémico (Hacre), es decir el 2,5 por ciento de la muestra. Lo cierto es que el consumo crónico de agua con arsénico produce efectos cancerígenos a largo plazo, principalmente en la piel, y esa sustancia también está asociada con el aumento de la frecuencia de algunos cánceres de pulmón, hígado, riñón y vejiga.
“En la provincia –aportó Orsolini– el límite de arsénico en el agua para consumo humano es de 50 microgramos por litro coincidentemente con el límite que establecía el Código alimentario Argentino (CAA), aunque el mismo código fijó el nuevo límite de 10 microgramos por litro, que deberíamos alcanzar antes de junio 2012”.
La otra cuestión no menor a la hora de evaluar las consecuencias de la falta de saneamiento es la incidencia de las enfermedades infecciosas e intestinales que presentan “índices alarmantes”. Mientras que en los países avanzados la incidencia de estos padecimientos con relación al consumo de agua es del uno por ciento y a nivel nacional del 8,75, en la provincia es del 9,84 por ciento. En cuanto a las enfermedades intestinales, las cifras indican el 0,30, el 5,75 y el 6,97 por ciento respectivamente. Es decir que más allá de su lejanía con los países desarrollados Santa Fe se ubica por encima de la media nacional.

Acueductos a largo plazo
Como línea de acción, mientras se resuelve la problemática a largo plazo, la cartera se fijó una política de saneamiento, asistir a la emergencia actual en el norte del territorio provincial y, además, posibilitar “una solución definitiva, mediante sistemas de acueductos” mientras paralelamente se instrumenta “una solución transitoria para las poblaciones con mayor riesgo”.
La construcción de acueductos demandará fuertes inversiones y un largo período de ejecución, estimado en quince años. Al suspenderse oportunamente las licitaciones de la primera etapa de los sistemas Norte 1 y Sur 1, los proyectos se están ejecutando actualmente con personal propio y “en poco tiempo” se reanudarán las obras. “También se ha convenido con la Facultad Regional Reconquista de la UTN, el desarrollo del Proyecto del Sistema Noreste 2, para el que se gestionan recursos económicos a los fines de su construcción. Con la provincia de Santiago del Estero hemos convenido llevar adelante un proyecto con toma en el río Dulce a la altura de Atamisqui que para el territorio santafesino constituye el Sistema Noroeste. Además, antes de fin de año se comenzará a trabajar con personal propio en los proyectos de los sistemas Gran Santa Fe y Sur 2”, confirmó Orsolini.

Imagen: Archivo Programa Infoambiente