Las presencias de cadmio, mercurio, plomo, cromo, níquel y zinc, además de hidrocarburos aromáticos (benceno y derivados), surgieron del muestro de líquidos y barros que la Asociación Ambientalista Unión de 20 Agosto tomó del canal colector del Consorcio del Polo Petroquímico.
La denuncia, que se formalizó ayer ante el Comité Técnico Ejecutivo municipal y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), alerta que el flujo de agua arrastra los sedimentos contaminados, metales pesados y compuestos orgánicos acumulados en el fondo del canal hacia su descarga en un brazo que desemboca en el estuario. Advierte que ese canal cementado no tiene una pileta de sedimentación que impida el ingreso gradual a la ría.
"La situación debe ser corregida en el menor tiempo posible por Solvay Indupa SACI y Dow Argentina SA, empresas que vuelcan sus efluentes líquidos en el canal", señala el escrito que firma Hernán Zerneri, titular de la entidad no gubernamental y que fue presentado a las 11.35, en la mesa de entradas de la Municipalidad.
La denuncia también alude a la presencia de restos sólidos sedimentales en los efluentes y al aporte de material externo, ya que es un canal a cielo abierto, que se acumuló durante cuatro y cinco años en el fondo cementado del colector, formando una capa de barro de 20 a 30 centímetros de espesor, en gran parte de su longitud, con un volumen superior a las 46 toneladas.
En cuanto a la muestra líquida recogida, los análisis cualitativos dicen que detectaron una significativa cantidad de dicloroetano.
"Estos análisis no nos permiten efectuar una opinión seria en cuanto a la movilidad, biodisponibilidad directa, toxicidad y riesgo de los metales pesados aportados al ecosistema del estuario para los seres vivos.
"Sin embargo --agrega la denuncia-- la sola presencia de los metales en cantidades apreciables nos hace suponer que en sus ciclos biogeoquímicos, la acción bacteriana y otros procesos de transformaciones biológicas, físicas y químicas conocidas, harán que puedan potencialmente incorporarse y bioacumularse en peces y otras especies marinas bajo formas aun más tóxicas".
La asociación ambientalista reclama que se investigue
cada metal pesado encontrado en las muestras. En forma paralela pide que Solvay y Dow revisen "exhaustivamente sus sistemas de tratamientos de efluentes líquidos, para que se interrumpa el aporte de contaminantes orgánicos pesados a las aguas del estuario".
También propone la construcción de una pileta de decantación adiccional de seguridad en el tramo final del canal colector para retener los sólidos sedimentales de sus propios efluentes, los metales pesados no disueltos y los compuestos orgánicos absorbidos que se aportan en niveles por debajo de las normas, además del aporte externo de material particulado que se deposita dentro del canal y que funciona como absorbente de esos contaminantes.

Dato
Las muestras se tomaron el 28 de julio a las 15, según consta en el acta A 06393 del OPDS.

Denunciante despedido
"Por cuestiones de servicio", según se indica en el telegrama, la Organización R.B. Seguridad decidió despedir a Gabriel Pérez, el empleado que la semana pasada sostuvo ante la Fiscalía Federal que desde la planta depuradora de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), se vierten al estuario bahiense diversos contaminantes sin tratamiento.
El denunciante, de 38 años y padre de tres chicos, llevaba 14 meses en la firma que tiene sede en Buenos Aires y que es contratada por ABSA. Al inicio, Pérez trabajó en la planta de residuos cloacales situada sobre la ruta 252, en inmediaciones de El Triángulo. Luego, al manifestar problemas de asma e hipertensión, fue trasladado a la depuradora cloacal de la Tercera Cuenca de Bahía Blanca.
Daniel De la Iglesia, vocero Institucional de ABSA para la zona Sur, señaló ayer que Pérez era un vigilador que sólo se encargaba de controlar la entrada y salida de vehículos y de personas, y que no tenía "relación ni conocimiento técnico sobre los procesos de la planta".
Respecto de las enfermedades que dice padecer Pérez, De la Iglesia afirmó que el área de medicina laboral de R.B. las desestimó. También aseguró que no hay operarios de ABSA afectados como consecuencia de las actividades de la planta.
En cuanto a la denuncia sobre contaminación, el funcionario de ABSA le dijo a este diario que la empresa sólo se expresará por los medios legales ante la fiscalía que está a cargo de Hugo Cañón.
En 2005, el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), tras analizar los datos de las ocho campañas de investigación realizadas entre junio de 2003 y mayo de 2004, advirtió que metales pesados ingresaban a la ría bahiense en grandes magnitudes y que los rastros bacteriológicos aparecían a menos de tres kilómetros del punto de descarga cloacal.
Los científicos detectaron importantes concentraciones de plomo y mercurio disuelto, cobre y cadmio. También, en menor cantidad, hidrocarburos. Para impedir el agravamiento del panorama, el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) municipal consideró necesario optimizar la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Ante la reciente denuncia de Pérez, el coordinador del CTE, Fernando Rey Saravia, se puso a disposición del fiscal Cañón.
Gabriel Pérez asegura que ha visto desagotar sustancias viscosas y aceitosas sin tratamiento y que unos 40 camiones esparcen los desechos cloacales directamente en la tierra.
La función de la planta consiste en separar los elementos sólidos de los líquidos que llegan a través de camiones atmosféricos recolectores de desechos cloacales, y para ello cuenta con tres filtros ubicados en distintos lugares del proceso de depuración.
"Debido a las permanentes roturas y la falta absoluta de mantenimiento, las descargas quedan en los canales a cielo abierto, emanando olores y vapores. Las bombas se rompen y no funcionan por varios meses", se puntualizó en la fiscalía.