Tanto ciudadanos que padecen la contaminación del agua y la que provoca la basura, como los que enfrentan la imposición de proyectos habitacionales, carreteros y de rellenos sanitarios, de numerosas localidades del estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Distrito Federal marcharon ayer a las sedes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir un cambio a la legislación que proteja efectivamente al medio ambiente.
En el contexto del segundo Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón y luego de que el domingo por la noche se efectuó la primera Asamblea de Afectados Ambientales, que congregó a representantes de localidades de varios estados del país, ayer realizaron mítines frente a las instalaciones de los organismos encargados de la política ambiental y de la gestión del agua.
Ahí, expusieron que ante los diversos problemas ambientales que se presentan en sus comunidades, ha predominado la falta de respuesta de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Frente a a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, alrededor de las 11 de la mañana, centenares de personas se congregaron para caminar rumbo a la Conagua. Encabezaban la marcha con una gran manta con la leyenda: “No al colapso ambiental de México”. Atrás de ella caminaban contingentes como el del Frente de Pueblos de Morelos; el Movimiento Ciudadano en contra del Relleno Sanitario de Loma de Mejía, de El Salto, Jalisco, y habitantes de Jilotzingo, estado de México, entre otros.
Saúl Roque, vocero del Frente de Pueblos de Morelos, frente a la Conagua dijo que este organismo hace caso omiso a las normas y el gobierno estatal solapa el desarrollo de proyectos que dañan el medio ambiente, por lo que alrededor de 50 pueblos de la entidad se han unido para defender el agua, la tierra y el aire.
Aseveró que en sus tierras ahora “pretenden sembrar varillas y cemento, pero seguiremos defendiendo los recursos naturales. No más rellenos sanitarios ni unidades habitacionales ni invasiones a las tierras”. Este movimiento básicamente surgió en contra de la intención del gobierno de construir alrededor de 50 mil nuevas viviendas en zonas donde el agua ya es escasa para las comunidades locales.
Por su parte, Graciela González, de la organización Un Salto de Vida, que agrupa a vecinos de los poblados El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán, que padecen la contaminación de este río contaminado por desechos industriales y municipales, indicó que los pueblos conocen de las malas acciones y corrupción que existe en las dependencias, por lo que “no seremos cómplices y no callaremos los problemas”.
Los afectados señalaron que ha sido con los gobiernos panistas con los que se agudizado la crisis ambiental, ya que han crecido los proyectos a costa del medio ambiente. Está en puerta la construcción de la carretera Lerma-Tres Marías, así como la eventual puesta en marcha del confinamiento de residuos peligrosos de Zimapán y del basurero de Jilotzingo, que contiene residuos hospitalarios y no ha sido saneado.
Advirtieron que las comunidades que han administrado sus recursos naturales sufren el acoso de las empresas privadas por despojarlos de sus tierras y del agua, además de que sus movimientos son criminalizados por las autoridades municipales y estatales, como ha ocurrido en el caso del relleno sanitario de Loma de Mejía, con el Consejo de Pueblos y con Zimapán, entre otros.
En la Semarnat, una comisión de los afectados fue atendida por funcionarios que se comprometieron a establecer mesas de negociación en todos los casos, ya que los representantes no aceptaron volver a sus comunidades para dialogar con las autoridades locales, ya que de ellas no han obtenido respuesta, explicaron.