Cuatro legisladores rionegrinos presentarán el miércoles en Chile su repudio in situ por el avance de un proyecto que pretende instalar en aquel país cinco represas hidroeléctricas, dos de las cuáles estarán asentadas en zonas de cuenca común de aguas interjurisdiccionales de la Patagonia Norte, sobre los ríos Puelo y Manso.
En este sentido, el presidente del bloque de la Concertación, Daniel Sartor, y sus compañeros de bancada, Adrián Torres, Adrián Casadei y Elbi Cides, viajaron hoy rumbo a Chile para participar del encuentro del Comité de Integración que se desarrollará en la ciudad de Valdivia, y en el que presentarán toda la documentación generada por los parlamentos de Río Negro, Chubut y el Patagónico sobre este tema.
Los legisladores han recogido además, el malestar que el proyecto –silencioso, pero que avanza- genera en la poblaciones aledañas de Chile y Argentina en donde se pretende instalar la represas. Esto sin mencionar, los consejos negativos de las asociaciones de protección del medio ambiente y países como Canadá, que ya han presentado su preocupación al gobierno chileno.
Desde que se conoció la noticia (en junio de 2008) sobre el remate del 10 por ciento del recurso hídrico que pertenecía a la empresa española ENDESA a una firma de abogados por parte del Estado chileno, infinidades de artículos periodísticos han puesto el ojo en el centro del proyecto, alertando sobre los daños ecológicos, sociales y económicos que trae aparejado el emprendimiento.
Inclusive, Greenpeace Chile lanzó una campaña en Madrid contra el Proyecto HidroAysén, en la cual escaladores de la organización desplegaron una pancarta gigante en la sede de ENDESA.
Un informe elaborado y publicado por la Comisión Mundial sobre Represas (establecida por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza) estableció el impacto negativo que provocan la represas en el mundo, concluyendo en cuatro puntos centrales: “Las represas emiten gases de efecto invernadero; Muchas represas nunca producen los efectos esperados; Los costos sociales de las represas son devastadores y en gran medida desconocidos; Y los costos ambientales son enormes, imprevistos y difíciles de mitigar”.
Sin embargo, hay que agregar la probabilidad de terremotos en El Bolsón y Lago Puelo, y las también probables inundaciones del lado de Chile, por ser aquella una zona sísmica y volcánica, entendiendo que el proyecto prevé la construcción de una represa sobre una falla geológica sobre la que se depositarán millones de toneladas de agua.
El mega proyecto que ENDESA (España) y COLBUN (Chile) quieren desarrollar tiene por objetivo la construcción de cinco represas –tres en la zona de Aysén y dos en los ríos Manso y Puelo- para generar electricidad que proveerá a la industria del cobre instalada en el norte del país trasandino, como fuente de energía para mover aquella producción.
Producto de ello es que Chile vendió su capital hídrico (permitido por sus leyes nacionales) e incluyó, sin consentimiento, una zona de aguas en común con la Argentina. Para ello existe un andamiaje legal internacional basado en el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidroeléctricas firmada por ambos países el 26 de junio de 1971, que dice: “...el aprovechamiento de los recursos hídricos en el territorio de una de las partes, pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o al medio ambiente”.
Además, la Argentina y Chile celebraron el Tratado de Medio Ambiente y el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos, en el año 1991, referidos a la protección, preservación, conservación y saneamiento ambiental.
Si se tiene en cuenta esta legislación, se torna indisimulable que se están violando todos los acuerdos, fundamentalmente, los referidos a los recursos comunes, porque los estudios ambientales realizados en la zona de los ríos Manso y Puelo, arrojaron como resultado que peligran 6.000 hectáreas de bosques vírgenes y alerzales milenarios, se podrán extinguir especies que ya sufren un proceso de desaparición y que están protegidas, además de generar una aceleración en el cambio climático de la zona contribuyendo al calentamiento global.
Además, cabe recordar, que el Gobernador Miguel Saiz firmó, junto a sus pares de Chubut, Neuquen y las regiones de la Patagonia Norte de Chile, un proyecto que fue aprobado por la UNESCO que establece la creación de la Reserva Binacional de Biosfera Andino-Norpatagonia.
Con matices y diferencias, lo que los legisladores quieren evitar con su denuncia, es un nuevo conflicto diplomático-ambiental como el que Argentina tuvo con el Uruguay producto de la instalación de la pastera Botnia.
En este caso se están dando situaciones similares: dos países que se envían informes a través de sus parlamentos o vías diplomáticas, respuestas a medias e informes ambientales dudosos, mientras, a la par de estas acciones, las empresas continúan, sigilosamente, con sus pasos hacia la implementación del proyecto que, una vez instalado, los recursos deberán ser presentados ante los estrados internacionales –como la Haya- y esperar sentencia.
De suceder esto, el daño estaría hecho.