Hoy se cumplen dos años de la puesta en marcha del Decreto Supremo 90, norma que regula todo tipo de descargas a aguas marinas y continentales superficiales. Pese a la importancia de que los emprendimientos industriales estén en regla, no hay razones para celebrar este segundo aniversario: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) estima en un 25% el índice de incumplimiento, cifra que se ha estancado desde que la norma empezó a regir.
En la SISS el tema preocupa, pero no da para generar alarmas. "Son industrias que están en proceso de solucionar el problema", explica la superintendenta Magaly Espinosa.
"Tenemos detectadas a muchas de ellas y les hemos instruido medidas para solucionar el incumplimiento, como por ejemplo, la construcción de una planta de tratamiento, pero eso requiere un tiempo técnicamente factible. No significa que no estén infringiendo la normativa, pero hay que considerar que muchos sectores industriales partieron tarde en la incorporación de la norma y en la planificación de las soluciones".
En efecto, la norma es de 2001 y la SISS dio un plazo de cinco años para su obligatoriedad, pero con la exigencia para las industrias de entregar al organismo fiscalizador informes donde debían caracterizar sus residuos industriales líquidos (riles).
A un año de la puesta en marcha del DS 90, la tarea sólo fue cumplida por 188 del total de 730 empresas. En ese entonces el ex superintendente y actual subsecretario del MOP, Juan Eduardo Saldivia, explicaba el incumplimiento en el desconocimiento de los empresarios y la confianza en que habría un aplazamiento. No hubo más plazos y los empresarios dejaron la tarea para última hora "En pocos meses no se alcanza a encontrar la solución para los riles ni menos a construirla. Y eso se ha estado produciendo en estos dos años", comenta Espinosa.
La superintendenta, en todo caso, confía. Asegura que existe una disciplina ambiental mucho más alta que hace dos años y un respeto al ente regulador ante la amenaza de la aplicación de sanciones. Además, el innovador sistema de fiscalización permite que las empresas declaren sus monitoreos a través de internet y tener una información en línea para que la SISS evalúe mes a mes los resultados. "Tenemos que ir al 100% del cumplimiento, pero es un proceso", dice Espinosa. "No depende de la Superintendencia, sino del sector privado y de que apliquemos las sanciones que correspondan. En los casos de reincidencia, serán mucho más duras", advierte.