En tiempos donde se enfatizan y multiplican las incógnitas sobre la eficiencia de plantas depuradoras, controles ambientales, sanciones, etcétera, lo único que parece seguro es que todo desperdicio va a parar al estuario.
Los cuestionamientos se repitieron ayer, tras la recorrida que cinco concejales cumplieron por la planta depuradora de residuos cloacales, que, sobre la ruta 252 (a metros del paraje El Triángulo), tiene Aguas Bonaerense Sociedad Anónima (ABSA).
La titular de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Aloma Sartor (UCR), afirmó que la emisión de los efluentes líquidos a la ría está fuera de todo control.
"El municipio, por ejemplo, no controla a la pequeña y mediana industrias desparramadas por la ciudad y con categoría 2, según la ley. La Autoridad del Agua, que es la competente, tampoco lo hace, lo mismo que el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS)", aseveró la edil, quien sostuvo que Saneamiento Ambiental es una de las áreas comunales más debilitadas.
La visita de ayer había sido pedida desde el cuerpo deliberativo durante la semana última, una vez conocida la denuncia de Gabriel Pérez, el empleado de seguridad que afirmó, ante la Fiscalía Federal, que, desde la planta depuradora, se vierten al estuario diversos contaminantes sin tratamiento.
El trabajador, de 38 años y padre de tres chicos, llevaba 14 meses en la Organización RB, que es contratada por ABSA, y fue despedido el lunes.
De la recorrida, además de Sartor, participaron Ana Civitella y Soledad Espina (Frente Para la Victoria), Roberto Ursino (UCR) y Alberto Sangre (Coalición Cívica).
Al argumentar medidas de seguridad, ABSA no aceptó el acceso de los periodistas. Tampoco admitió la presencia del ingeniero Braulio Laurencena, ex director municipal de Medio Ambiente y ex rector de la Universidad Nacional del Sur, quien acompañaba a Norberto Martínez, edil de Integración Ciudadana.
"No fui porque me solidaricé con Laurencena. Esto es una barbaridad: ni que se tratase de la planta de uranio de Irán", se quejó Martínez.
Sartor lamentó la medida de ABSA ante Jorge Olaizola, responsable de la empresa en nuestra región.
"Me parece una política errada. No tiene sentido cerrar la planta de esa manera. ¿Cómo la noté? Prolija, pero de sus problemas no sólo se debe culpar a ABSA, que así la recibió de Azurix, firma que jamás cumplió con sus compromisos de inversiones".
La edil radical advirtió que la planta no depura porque le faltan dos etapas, dado que no cuenta con procesos biológicos ni químicos. Encima, sus dos bombas están en reparación, por lo que todo se relenta. "En definitiva, allí sólo se hace separación de sólidos", agregó.
También indicó que los camiones atmosféricos descargan su contenido a la salida de la planta y que sus desperdicios van crudos a la ría. Por eso acudió a la Autoridad del Agua, convencida de que no se vigilan los efluentes de las industrias grandes, que están dando parámetros fuera de lo legal, ni los de las más chicas; por caso, las metalúrgicas o las estaciones de servicio.
Mientras tanto, la ría sigue soportando porquerías.