Los participantes de la primera Asamblea de Afectados Ambientales esperarán 30 días para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dé respuesta favorable a sus demandas, o de lo contrario continuarán con más movilizaciones.
Anunciaron que esta decisión se debe a que es urgente atender los problemas de contaminación del agua, los daños a la salud que provoca la basura y evitar los efectos negativos a los recursos naturales por la construcción de proyectos carreteros y habitacionales.
Ayer evaluaron los resultados de las acciones que efectuaron esta semana. Tras un mitin efectuado el lunes en la secretaría, una comisión fue atendida por funcionarios, encabezados por Mateo Castillo, titular de la unidad coordinadora de participación social de la dependencia.
Acordaron que en dos semanas se realizaría una nueva reunión para definir avances de los casos presentados, y en 30 días habría un encuentro más.
Cuauhtémoc Abarca, del Foro por Defensa del Agua, explicó que los problemas se agruparon por temas. Hay casos de basura, como el de Tetlama, en Alpuyeca, Morelos, sitio en el que hay decenas de personas enfermas por la contaminación que ha generado el basurero a cielo abierto; la construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía, Cuernavaca, y el caso de Jilotzingo, en el estado de México.

Deterioro ambiental
También hay una serie de casos relacionados con el agua, como el del Frente de Pueblos de Morelos, que rechaza el desarrollo de unidades habitacionales, debido a que los manantiales se están agotando y las comunidades ya reciben el agua por tandeo. También están los problemas de la contaminación del agua en localidades de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, y las afectadas por el río Lerma.
Estos movimientos ciudadanos, surgidos a partir de que enfrentan en su vida cotidiana las consecuencias del deterioro ambiental, han señalado que “el recorte de las leyes ambientales existentes, su deformación o su falta de previsión han convertido al país en un paraíso de la acumulación antiecológica y salvaje”.
Consideraron que la fusión de la política ecológica con las políticas hídricas, agrícola, forestal, minera, turística, industrial y de comercio en la década pasada “sólo fue el pretexto para ajustar el aparato público, restringir presupuestos y programas, suprimir personal y profundizar la privatización, rasgo común en todos los sectores del modelo neoliberal”.