La factura de la sequía alcanza los 489.083.703 euros. Es la cifra que ayer presentó el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, en la tercera reunión de la mesa de la sequía. Baltasar precisó que la mayoría de estas inversiones no fueron a fondo perdido. O estaban previstas y se aceleraron o se dedicaron a infraestructuras que podrán reaprovecharse. De cualquier modo, habrá que pagarlas. Una parte del monto (el 65% del total, unos 325 millones) se financiará mediante los recursos previstos en la disposición adicional tercera del Estatuto, partida aún no concretada con el Gobierno central. Otra parte -alrededor del 10%- se pagará con fondos de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Para sufragar el resto se recurrirá al endeudamiento. El anuncio de la deuda alarmó a la oposición, que exigió a Baltasar que el coste no repercuta en el recibo del agua.
De entre las inversiones inservibles destaca el flete de los seis barcos que empezaron a aportar agua a Barcelona al tiempo que llegaban las lluvias. El alquiler de estos buques costó 53 millones de euros, pero quedaron en 17 tras la rescisión del contrato que Medio Ambiente realizó a los pocos días de que entrara en vigor. A esta cantidad hay que añadir los 24 millones para adaptar los puertos de Barcelona y Tarragona para que pudieran recibir estas embarcaciones. "Es la muestra de que se ha derrochado dinero público por la mala gestión de la sequía. Analizaremos todas las cifras con detalle", avisó Ramon Espadaler, diputado de CiU y ex consejero de Medio Ambiente.
La reunión dejó a no pocos de los asistentes una sensación de "inutilidad" por la inconcreción de las medidas aportadas por Baltasar, al margen de que la situación de los embalses, hoy con agua, quitara tensión al encuentro. El sistema Ter-Llobregat, que abastece al área barcelonesa, ha superado el verano sin apuros: las reservas, que eran del 68,7% el 1 de julio, han llegado a septiembre por encima del 65%. El consumo se ha contenido gracias al ahorro ciudadano. Éste fue el 8% superior respecto al mismo periodo del año anterior, pero menor que en el mes de junio de este mismo año. La sequía se mantiene en las 49 localidades que dependen de la cuenca del río Muga. El alcalde de Portbou (Alt Empordà) alertó el miércoles de que en 15 días se quedarían sin agua potable, cálculo que la ACA extiende a dos meses. La agencia aseguró el abastecimiento a los 41.000 habitantes afectados, aunque sea con camiones cisterna.
Barcelona tiene garantizada agua potable para ocho meses, si no llueve, antes de entrar en situación de emergencia. Es el mismo tiempo que requiere la desalinizadora de El Prat para entrar en funcionamiento: la solución definitiva al estructural déficit hídrico de Cataluña, según Baltasar.