Hoy se cumple el primer plazo impuesto por la Corte en el cronograma de saneamiento del Riachuelo. Según la Secretaría de Ambiente, se cumplirá el plazo establecido por el máximo tribunal, ya que se entregará al juez que interviene en la causa el relevamiento de unas 4100 industrias que vuelcan sus efluentes en el río.
Además, Romina Picolotti, en su carácter de secretaria de esa dependencia y presidenta de la Autoridad de Cuenca, pedirá al juez federal de Quilmes, Luis Aramella -en quien la Corte delegó el proceso- órdenes de allanamiento para ingresar en 22 empresas que negaron la entrada a los inspectores del gobierno.
El informe incluirá el detalle de las 1400 industrias de la Capital, así como también del sistema de monitoreo de aire que comenzará a funcionar a fin de año en la zona de influencia del río más contaminado de la Argentina.
La Corte había ordenado el 8 de julio pasado a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño sanear el Riachuelo; había fijado plazos para realizar las acciones que debe llevar a cabo la Acumar; había dispuesto que el juzgado de Quilmes fuera el que atendiera todas las causas referidas a la cuenca, así como también que se multara a la secretaria de Ambiente en caso de incumplirse el plan.
El máximo tribunal también designó al defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, junto a un grupo de ONG para controlar las acciones de limpieza y enviar sus informes al juzgado de Quilmes.
Según pudo saber LA NACION, las ONG harán algunas observaciones sobre la presentación de la Acumar porque consideran que el documento oficial habla de un relevamiento de las industrias y no de la inspección, tal como pide la Corte. En ese sentido, el organismo oficial pidió el mes pasado una extensión del plazo, que le fue denegada.
Ante la negativa judicial, se utilizó el criterio de presentar la nómina de empresas que vuelcan directamente sus desechos al Riachuelo. Según el Gobierno, son unas 4100. Mientras tanto, seguirán las inspecciones que, en algunos casos, pueden demandar varios días.

Decisión
Quien decidirá si se cumple o no el proceso será finalmente Aramella, después de que Mondino analice el documento y eleve sus conclusiones.
Todos los actores están al tanto del relevamiento y del avance del plan. Desde julio pasado, la Acumar se ha reunido una decena de veces y el propio juez federal ha sido parte de esos encuentros. Incluso, a pedido del magistrado, se harán inspecciones por tierra y por aire para documentar la evolución del plan que pretende sanear el Riachuelo.
El de hoy es el primer plazo impuesto por la Corte. Uno de los más importantes se cumplirá el 2 de enero del año próximo, cuando las empresas deben dejar de volcar líquidos contaminantes. Es decir, se debe cumplir el primer paso, fundamental, para el saneamiento: dejar de contaminar, por lo menos en lo que se refiere a las industrias. El saneamiento cloacal está atado a un crédito del Banco Mundial por 700 millones de pesos.
Aramella ya firmó sus dos primeros fallos en esta causa y rechazó dos medidas cautelares presentadas por empresas de Dock Sud: Tagsa y Orvol deberán irse de Avellaneda.
A mediados del mes próximo, la Acumar deberá presentar el estado real de las aguas, las napas y la calidad de aire de la cuenca. En el mismo momento, debería ponerse en marcha la realización de un mapa sociodemográfico de ella.