El nuevo proceso de revisión tarifaria de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) viene con una buena dosis de confusión en las consultas previas a los 140.000 usuarios.
El concesionario del servicio de agua potable y cloacas solicitó al Departamento Provincial de Aguas (DPA) un incremento del 65,2 por ciento, que inicialmente se aplicaría en dos tramos entre fin de año y el próximo.
Sin embargo, una denuncia de la Cámara de Comercio de esta ciudad reflejó el malestar de varios usuarios, que habían recibido el 27 de agosto un volante consultando su opinión sobre el eventual aumento. Ocurre que la convocatoria estaba fechada el 7 de ese mes teniendo como plazo para oponerse al aumento apenas 15 días corridos.
El propio DPA como órgano regulador admitió que hubo un error de la convocatoria en virtud de que "el servicio que se presta es muy vasto y tiene más de un vencimiento" según las ciudades.
El titular de la empresa, Jorge Isaac, no quiso entrar en la polémica pero rechazó que se hayan producido inconvenientes en el proceso de consulta a usuarios.
Tomó en cuenta el emplazamiento a los interesados en la publicación de la resolución N° 1.486 consignada en el Boletín Oficial N° 4.649 editado el 25 de agosto pasado.
Esa resolución fue emitida el 15 de agosto pasado por parte del ente regulador, aunque recién se conoció públicamente 10 días después por intermedio del órgano oficial.
La habilitación del proceso de revisión se hace por espacio de 15 días corridos a partir de su publicación. Los reajustes involucrados -de acuerdo a la opinión que se recoja- serán resueltos en un plazo de 30 días corridos contados a partir del vencimiento del emplazamiento.
De acuerdo a estos tiempos administrativos en danza, ese informe técnico debe producir el proyecto de decreto gubernamental reconociendo el incremento que surja de los cálculos internos.
Se presume que recién podría aplicarse el reajuste en el último bimestre del año y la segunda etapa se instrumentaría a principios de 2009.
El nuevo marco regulatorio no implica una consulta formal a usuarios con audiencia pública, ya que se trata de una revisión extraordinaria, y además la necesidad de agilizar los mecanismos. La anterior suba surgió de una audiencia pero tardó un año en aplicarse con lo cual los directivos plantearon su preocupación dado que se produjo un desfinanciamiento de la empresa como consecuencia de varias subas que sufrieron los servicios eléctricos y costos de químicos, y en menor medida de salarios.
Los datos oficiales dan cuenta que a raíz de estos inconvenientes, la empresa tuvo casi un 39 por ciento de rentabilidad negativa en relación a las ventas. El promedio tarifario bimestral ronda los 23 pesos.