El coordinador de la Comisión Provincial que trabaja en la reglamentación de los Esteros del Iberá, Juan Ramón Ferreyra, informó a Momarandu.com que la confección del escrito concluirá en breve, por lo que prevé que antes de fin de año el gobierno libre el decreto necesario.
“Trabajamos duramente. Queremos que esto termine a fin de año y se disipen las dudas sobre qué hacer y que no hacer en los humedales”, dijo Ferreira a Momarandu.com.
La Comisión fue creada hace exactamente dos años por orden del gobernador Arturo Colombi mientras se debatía por un proyecto de ley presentado en el Congreso para expropiar 300 mil hectáreas en el Iberá para destinarlas a una reserva natural.
El proyecto fue presentado en medio de una fuerte controversia por la irrupción del subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luís D’Elía, en campos del empresario norteamericano Douglas Tompkins donde hizo un corte simbólico de cadenas y candados en la región de los Esteros del Iberá.
La mediatización de ese acto implicó que el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicara que la Casa Rosada no había impulsado ni presentado proyecto alguno de expropiación de tierras privadas en los Esteros del Iberá para transformarla en un parque nacional.

En comisión
Entre polémica, el gobernador replicó que Nación no debía interferir con tierras de jurisdicción provincial y creó a la Comisión Provincial con el único objetivo de hacer un relevamiento integral sobre los Esteros, para luego redactar un proyecto definitivo de manejo y conservación de la reserva natural.
“Durante dos años trabajó la Comisión Provincial para el Análisis y Evaluación del Manejo del Iberá, convocando a diversos sectores, tanto gubernamentales, empresariales, productivos, ganaderos, ecologistas y civiles”, explicó Ferreira a Momarandu.com.
La Comisión relevó a los esteros en lo referente al aspecto catastral y dominial, la situación social de sus pobladores, las actividades que allí se realizan y las características ambientales y naturales entre otras cuestiones.
Ahora, según dijo Ferreira, sólo restan cuestiones de forma para que nada se escape a la legislación y así evitar futuros enfrentamientos con productores en la zona. Igualmente sostiene que “el conflicto vendrá”.
Es que allí se ha recuperado la actividad arrocera que, impulsada por un mercado internacional abundante en demanda de materia prima y alimentos, registra una rentabilidad extraordinaria asegurada.

Pujas
Al menos en tres localidades que tocan a la reserva, pobladores y grupos ecologistas reclaman la reglamentación de los Esteros como reserva hace años. Es que hace 25 años a sido declarada como tal, pero la legislación para regularla no se sanciona.
Esos tres poblados son Colonia Carlos Pellegrini, Yahaveré y Mercedes.
En el primero, empresarios ecoturistas se oponen a la instalación de tres arroceras en un conflicto que supone una verdadera colisión entre formas de producción basadas en lógicas diferentes de entender a los recursos explotados.
Para los ecoturistas el límite de explotación se encuentra en la conservación, mientras que para los arroceros en la máxima ganancia.
En Yahaveré los pobladores exigen a la empresa ganadera Estancias San Eugenio -antes Forestal Andina- que destruya un terraplén de 22 kilómetros que alzó sobre los humedales sin autorización de la justicia. (ver nota relacionada).
En el tercero, grupos ecologistas se oponen con radicalidad a la instalación de un megaproyecto agrícola que pretende represar al arroyo Ayuí para formar un lago artificial de 8 mil hectáreas a algunos kilómetros de la reserva.
Los ecologistas no sólo se oponen al represamiento del Ayuí, sino también a la formación del lago que aseguran transformará al microclima de esa región del Iberá. Los empresarios sostienen por su parte que no habrá cambios.

Revisión de producción
“Una vez reglamentada la reserva se invitará a los productores fuera de la legislación a rever sus formas de producción”, dijo Ferreira a Momarandu.com y anticipó que las arroceras en Colonia Carlos Pellegrini serán desplazadas.
El funcionario informó a Momarandu.com que el Ministerio de la Producción, por su parte, ya invitó a los productores en esa zona a que abandonen el lugar. “Seguramente habrá conflictos, pero el gobierno ya está conversando, al menos, con la Asociación de Plantadores de Arroz, porque deberán irse”, dijo Ferrira. ¿Y en caso de resistencia?, preguntó Momarandu.com.
“Se apelará a la justicia, por que una vez aprobada la ley comenzará a regir con todo su rigor”, contestó.