El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, acordó con organizaciones sociales establecer un mecanismo permanente de consulta sobre políticas relacionadas con el servicio de agua potable, particularmente en los aspectos de gestión y tarifarios de Aguas Santafesinas SA. Entre otras cosas, se intercambiarán opiniones sobre un proyecto de reforma de la ley regulatoria, de modo de permitir una segmentación de tarifas y una reformulación de los órganos de control.
Luego de los cruces de esta semana, derivados de la decisión del gobierno provincial de incrementar la tarifa de Assa en un 29 por ciento, Ciancio y los dirigentes de las organizaciones vinculadas a la defensa de los consumidores y a la problemática del agua, se reunieron ayer en la sede local de la Gobernación para limar asperezas.
Participaron del encuentro referentes de la Asamblea por los Derechos Sociales, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Fundación Apertura, Ecoclubes, entre otras entidades y asociaciones vecinales. Sobre la base de que "abordamos desde la misma orilla la problemática de la empresa estatal", según describió el funcionario, la discusión se centró en los puntos más criticados por las entidades: la ausencia de una política tarifaria segmentada, la desatención de los casos sociales y los cuestionamientos sobre la participación del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
Dirigentes de las ONG señalaron que el ministro reconoció que hubo errores en la comunicación y se comprometió a acercarles la documentación que justifica el aumento. Si bien mantienen varios de sus argumentos, celebraron la creación del mecanismo "informal" de consulta.
Al término de la reunión, Ciancio remarcó que "fue una reunión con gente conocida porque vemos el tema desde el mismo lado". Explicó que acordaron trabajar en "talleres" para analizar una reforma a la ley que regula el servicio de provisión de agua potable desde la privatización de la ex Dipos, de modo de permitir "a futuro" segmentar tarifas con algunos criterios que hoy utiliza la EPE, con categorías como jubilados, comerciales, clubes, etc.. Si hay consenso sobre ese proyecto de ley, que incluiría la creación de un nuevo ente de control (probablemente uno para EPE y Assa), se enviaría antes de fin de año a la Legislatura.
Los dirigentes reclamaron por los casos sociales a los que le siguen llegando intimaciones a pesar de que no pueden pagar la tarifa. El funcionario anunció que la atención de esos casos pasará del Enress al Ministerio, que prevé reforzar el plantel de asistentes sociales para analizar esas situaciones. "Mientras dilucidamos sin son casos sociales o no el servicio no se corta y no habrá actividad de reclamo", dijo.
Sobre la intervención del Enress en el aumento tarifario, el ministro dijo que "el ente dictamina la permanencia del aumento pero la decisión es del Ministerio". La Asamblea por los Derechos Sociales había cuestionado la opinión del organismo, debido a que en otros casos evitó pronunciarse por falta quórum. " "El Enress con dos miembros dictaminó sobre pedidos de aumentos en veinte localidades, incluida Alvarez (el caso exhibido por la ADS), donde el organismo aprobó el aumento pero se excusó de opinar sobre una presentación de un grupo de vecinos", explicó.
Presentó un cuadro comparativo con otras provincias y destacó que "la tarifa de Santa Fe sigue siendo la más baja".
El miércoles se reunirá con la comisión bicameral que monitorea la transición entre la ex Aguas Provinciales y Assa. El encuentro se hará en el Ministerio y no en la Legislatura. Después de eso, firmará la resolución haciendo efectivo el aumento.

Medidores
Assa busca acelerar la puesta en marcha de una disposición que obligará a las nuevas construcciones a instalar medidores de agua. "La experiencia con los medidores es beneficiosa para el consumidor, pero hoy la empresa no está haciendo campaña para colocarlos por falta de fondos", señaló Ciancio. La nueva medida podría implementarse este mes.