El cambio climático, antes solo una evidencia científica, es hoy un urgente imperativo político. Asumirlo constituye un tremendo desafío para la sociedad planetaria y el reto más estructural para la economía mundial.
En América Latina no es un reto menor, pues se pronostica un aumento severo de la temperatura: entre 0,6 y 1,2 grados para el año 2020 y entre 1,8 y 4,5 adicionales hacia 2080, más una reducción de las lluvias, particularmente en el Cono Sur americano.
Estos cambios afectarán gravemente los ambientes continentales y la disponibilidad de agua para consumo humano, generación eléctrica y producción agrícola; habrá mayor exposición al deterioro forestal y de ecosistemas de montaña y más desertificación.
El Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) afirma que los sectores con mayor impacto social, económico y ambiental en la región serán la agricultura, el abastecimiento de agua y la salud de la población.
Para los países de América Latina, cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos por producción, procesamiento y exportación de hidrocarburos, exportación de materias primas y sectores intensivos en agua y energía, como celulosa, acero y minería, la mitigación de este fenómeno constituye un reto para el corazón de su estructura productiva.
Nuestra región está obligada a diseñar estrategias menos consumidoras de capital natural, menos intensivas en agua, energía y transporte, y más generadoras de empleo.
Pero también necesita nuevos diseños en la planificación urbana, medios de transporte e infraestructura energética, con acento en la eficiencia energética y en el desarrollo de fuentes renovables no convencionales.
Pese a este panorama, América Latina tiene un gran potencial para la mitigación biológica de los cambios climáticos, es decir la conservación de ecosistemas existentes y mayor secuestro de dióxido de carbono, por aumento del tamaño de las reservas de ese gas de efecto invernadero.
El Grupo de Trabajo II señala que bosques, tierras agrícolas y otros ecosistemas terrestres pueden conservar y secuestrar mucho carbono, dando tiempo a que los cambios tecnológicos y los nuevos patrones de producción y consumo se desarrollen e implementen. Pero este potencial debe traducirse en un compromiso político que nuestra región aún no ha materializado.
Existe consenso en que el centro de las estrategias de adaptación al cambio climático es la protección de los ecosistemas.
El Grupo recomienda fortalecer políticas, planificación y gestión, para prevenir su explotación y degradación, y también ìempoderarî a las comunidades a fin de proteger territorios y desarrollar economías locales sobre la base de servicios ambientales, con prioridad en formas de bonificación y producción agro-ecológicas y estableciendo nuevas áreas protegidas.
La adaptación a condiciones más secas en 60 por ciento del territorio de América Latina también requerirá el aumento significativo de inversiones para el abastecimiento de agua.
Además de los 17.700 millones de dólares establecidos en los Objetivos del Milenio para el agua potable de 121 millones de personas al año 2015, esta parte del continente debe invertir en protección de aguas superficiales y subterráneas, reutilización y reciclaje en procesos industriales y optimización del consumo para adaptarse a largos períodos de estrés hídrico, agravados por el rápido retroceso de los glaciares esperado para las décadas de 2020 y 2030.
A pesar de estos impactos, y las recomendaciones de la comunidad científica internacional realizadas en la Cumbre de Río de 1992, la deforestación ha aumentado y hoy se intensifica en países como Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, a causa de la expansión del cultivo de soja, lo que aumenta la aridez y la desertificación y afecta el ciclo del agua y del clima.
Si 60 por ciento de la Amazonia puede desaparecer por la expansión urbana o de los agrocombustibles, si la Patagonia sufre riesgo de industrializarse con la construcción de mega-represas hidroeléctricas en Chile, si los glaciares andinos son destruidos por explotaciones mineras, es claro que la actual modalidad de utilización de los recursos naturales no hace más que agravar las amenazas del cambio climático para los sistemas de producción local y, en consecuencia, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades humanas.
Si el poderoso empresariado exportador de materias primas y los estados de América Latina insisten en sistemas productivos depredadores y atribuyen a responsabilidades ajenas los impactos del cambio climático, los recursos naturales difícilmente podrán sostener el desarrollo futuro.
El cambio climático es un problema global de largo plazo e involucra complejas interacciones entre procesos climáticos, ambientales, económicos, políticos, institucionales, sociales y tecnológicos, a nivel internacional e intergeneracional. Afrontar un nuevo sistema climático y la exacerbación de los fenómenos extremos requiere nuevas formas de gestionar los sistemas humanos y naturales. Nuestra región enfrenta grandes amenazas sobre sus territorios y sistemas productivos a causa de los cambios climáticos. Pero también tiene grandes oportunidades para reorientar las políticas públicas bajo criterios de equidad y sustentabilidad en los ámbitos de energía, agricultura, planificación urbana y gestión de los recursos naturales.

*Sara Larraín es directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable. Derechos exclusivos Tierramérica.