La Legislatura provincial comenzará a tratar en las próximas semanas una modificación al Código de Agua que prohíbe la contaminación directa o indirecta de bienes de las aguas públicas o privados, sean corrientes, dormidas, exteriores, subterráneas, pluviales o nivales por cualquier generador, sean personas públicas o privadas, incluidos los prestadores de agua y saneamiento.
La iniciativa también contempla hacer más severos los castigos a quienes violen la norma que oscila entre sanciones monetarias o 30 días de prisión la primera vez que se delinque. La iniciativa se consensuó entre todos los bloques en la Comisión de Medio Ambiente mediante un despacho por unanimidad que fue girado a la de Presupuesto y Hacienda para su posterior tratamiento en la Cámara en las próximas semanas.
Se trata de una modificación a la Ley 899 que se logró mediante la unificación de dos proyectos, uno presentado por el diputado justicialista Ariel Kogan junto a los opositores de la Legislatura anterior, en octubre del año pasado, y otro que presentó el Ejecutivo provincial meses atrás.
La norma promueve la protección de calidad de las aguas de la provincia, se establece la responsabilidad del funcionario público e incorpora un Fondo Hídrico Provincial destinado a solventar erogaciones que originen la organización y el funcionamiento de los organismos de contralor, reforzar las partidas de obras hidráulicas y de saneamiento, y los gastos de inversiones que la autoridad de aplicación, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, designe.
Además, “prohíbe la construcción de cualquier tipo de obra que no tenga garantizado el tratamiento de sus efluentes, exceptuando las viviendas unifamiliares, y la habilitación de esas obras”, explicó Kogan.
Las violaciones a estas normas serán sancionadas con una multa que se graduará entre 10 mil y un millón de módulos de sanción o con la restricción del servicio público del suministro de agua potable. El valor de cada módulo de sanción será equivalente al moto del metro cúbico fijado como canon básico por uso y aprovechamiento de las aguas públicas con fines industriales.

Cambios
La propuesta agrega cuatro artículos y modifica otros ocho. En su Artículo 43 establece que los propietarios de establecimientos fabriles o industriales desde donde se arrojen o desagiten sustancias que pudieran afectar la vida o salud de personas, animales o fuesen nocivas para la vegetación, la calidad del suelo o alteraran la calidad mínima requerida para el uso al que están destinaos el agua, deberán construir las instalaciones necesarias para la purificación de dichas sustancias para que resulten inocuas para la salud.
“El Ejecutivo ahora tiene una ley para cumplir que protege las aguas y tiene una herramienta para utilizar porque las multas llegan a niveles disuasorios”, manifestó Kogan.
Según establece la norma, tampoco se pueden efectuarse pozos con propósito de drenaje si las aguas no se vierten a un colector común que posea el mismo fin, habilitado a tal efecto por la autoridad correspondiente, ni con fines de desagüe cloacal que pueda producir la contaminación de aguas subterráneas.
El proyecto fue girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que deberá analizar la factibilidad de la creación del Fondo Hídrico Provincial y las sanciones establecidas antes de su aprobación en el Recinto. Luego tendrá 270 días hasta su aplicación.