El oficialismo requiere votos de la oposición para avalar legislativamente el acta firmada con La Pampa. Para el gobierno cuyano no ratificarla significaría renunciar a “la construcción del cuarto oasis productivo”.
El gobernador de Mendoza, Celso Jaque, emplazó a sus ministros, y especialmente al responsable de Infraestructura, Vivienda, Trasporte e Hidrocarburos, Francisco Méndez, a que antes del 31 de diciembre esté aprobada legislativamente el acta-acuerdo que firmó el 7 de agosto con su par pampeano, Oscar Mario Jorge, por el río Atuel.
La información fue divulgada por el diario Los Andes en su edición del sábado, luego de que Jacque lanzara el promocionado Acuerdo Social, donde hizo especial énfasis en la seguridad. En ese compromiso, el mandatario incluyó a todo su gabinete y puso ese plazo para que cada uno de los ministros cumpla con una serie de objetivos.
El acuerdo por el Atuel, que debe ser refrendado por las legislaturas de ambas provincias, prevé la impermeabilización de los canales del río para recuperar parte del agua que se pierde. Sin embargo, en la oposición política cuyana y en entidades intermedias de la ciudad de General Alvear provocó reacciones de rechazo. Las quejas apuntan fundamentalmente al artículo 10, inciso k) del texto, que prevé “articular la operación del sistema a efectos de que, a partir de la fecha de suscripción de este acuerdo marco, se tomen recaudos para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial, hasta la concreción y puesta en marcha de las obras previstas” en otras cláusulas.
Esa frase significa que, a partir de ahora, La Pampa no puede dejar de recibir agua del Atuel. Por eso, el gobierno controla día a día el caudal a través de la Secretaría de Recursos Hídricos. Ayer, por ejemplo, estaba ingresando un metro cúbico por segundo en Puesto Jacinto Ugalde, en el límite interprovincial. La idea es que dentro de cuatro años, cuando concluyan las obras, se recuperen 10 metros cúbicos y se repartan en partes iguales.
El periódico mendocino lo puso en los siguientes términos: “Hay metas claras y una fecha precisa: el 31 de diciembre próximo. De su cumplimiento depende la continuidad de los integrantes del gabinete provincial. Así lo anunció el propio gobernador Celso Jaque durante el lanzamiento del Acuerdo Social. Si bien hizo hincapié en la lucha compartida contra el delito, no excluyó los objetivos específicos de cada ministerio”. Y agregó una declaración del secretario general de la gobernación, Luis Alejandro Cazabán: "Venimos haciendo un proceso de discusión interna en el seno del gabinete y hemos fijado metas para fin de año en cada área".
El artículo periodístico remarcó que “el ministro Francisco Pérez aparece como uno de los más exigidos, ya que tiene frente a sí más de una meta a cumplir. Es que a su objetivo específico de multiplicar la obra pública en caminos, obras energéticas e infraestructura escolar en todo el territorio provincial, también debe ser cabeza en el cumplimiento de objetivos comunes a todo el gabinete como el de la aprobación del convenio entre Mendoza y La Pampa por las aguas del río Atuel y –junto al secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona– el de destrabar la situación y lograr la definición de una política minera provincial”.

A cambio de Portezuelo.
El acuerdo tiene el aval de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el 7 de agosto estuvo en Mendoza, junto a Jaque y Jorge, durante la firma del acta. Ella, además, comprometió fondos nacionales para la construcción de los canales de impermeabilización.
El apuro del mandatario cuyano está relacionado con que el acuerdo político alcanzado con Jorge implica que La Pampa avale, en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, la construcción de la presa de Portezuelo del Viento –un viejo anhelo de Mendoza– a cambio de recibir el agua del Atuel. Si los diputados y senadores mendocinos no apoyan el acta-acuerdo, el gobierno pampeano se opondrá a Portezuelo del Viento en el Coirco. Y en ese ámbito, un solo voto negativo, de cualquiera de las provincias que integran el Comité, le impedirá a Jaque avanzar con una obra que costará 1.000 millones de pesos.
Por eso las autoridades mendocinas han dicho que un eventual rechazo de la Legislatura, significaría “renunciar a la construcción del cuarto oasis productivo de la provincia de Mendoza", en alusión a Portezuelo del Viento, que está proyectada para regular las aguas y generar energía en el río Grande.