Argentina y Uruguay mantienen un largo conflicto por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos. La controversia se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia con asiento en La Haya y la cuestión de fondo está vinculada a la violación del Estatuto del río Uruguay, porque Argentina sostiene que no fue consultada previamente como estaba previsto en ese instrumento. Uruguay, en tanto, asegura en su defensa que no es necesario activar el Estatuto. Sin embargo, un trabajo de investigación determinó que el vecino país sí hizo valer la consulta previa para el caso de la represa Garabí, y no sólo eso: además Argentina accedió a esa consulta y acató la decisión uruguaya que se negó a dicho emprendimiento.
Activar el Estatuto del río Uruguay para la consulta previa es una decisión de primer orden de un gobierno. La República Oriental del Uruguay y la Argentina tienen, en ese sentido, tres experiencias antes de la violación denunciada por la instalación de Botnia.
El Argentino accedió a la documentación oficial que obra en ambos Estados, que además de ser coincidente, explica mejor que este mecanismo de consulta previa ha sido en el pasado una práctica más usual que lo que se cree.
La primera consulta la activó el Uruguay, en referencia al proyecto argentino-brasileño que tenía como objetivo construir la presa Garabí en el Alto Uruguay. Entonces, Argentina acordó con Brasil la construcción de esa obra sin iniciar el procedimiento de consulta previa y soslayó así a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Fue por eso que la delegación uruguaya ante la CARU lo planteó en un plenario, y obligó a la Argentina a someterse a la consulta previa. En la sesión del 18 de diciembre de 1981, con el acuerdo de ambos países, se activó el artículo 7° del Estatuto respecto a Garabí y se concluyó que “las obras proyectadas para el Alto Uruguay pueden causar perjuicio sensible la navegación y al régimen del río”.
El segundo antecedente es mucho más emblemático. En los ´90, se había presentado ante la CARU el proyecto para el dragado del Canal de Casas Blancas. La iniciativa generó oposición del lado argentino, porque sostenía que iba a aumentar el caudal en los pasos Vera, Urquiza y Almirón -al sur de Paysandú- y que las grandes crecidas podrían terminar por erosionar el balneario Banco Pelay en Concepción del Uruguay.
La CARU estudió el tema y dictaminó que ese temor de Concepción del Uruguay era infundado. Incluso el gobierno de Entre Ríos encargó sus propios estudios, que dieron la misma perspectiva: el temor no tenía sustento.
El tercer está referido a la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. En el primer semestre del año 1996, el propio Uruguay descartó la instalación porque hizo prevalecer el Estatuto del río compartido.
Y el cuarto antecedente es el más conocido y está vinculado con la planta Botnia y sus instalaciones conexas como las que se ubican en Nueva Palmira.