El pasado 12 de agosto el Superior Tribunal de Justicia, ordenó a Forestal Andina la demolición del terraplén que construyó sin permisos sobre el Iberá en Yahaveré e impuso un plazo de 72 horas desde divulgado el dictamen para derribar la obra hidráulica. Sin embargo, la empresa no cumplió con el mandato. Incluso, antes de que concluya el plazo, la firma ratificó que no destruiría la estructura y derivó responsabilidades al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que aprobó la obra. El Superior Tribunal entonces, corrió vistas hacia ese ente para que afronte los gastos que demande la demolición que luego se cobraría de Forestal Andina
En un informe anterior de momarandu.com ya se hacía notar que el ICAA no dispondría inmediatamente de los fondos que demanda la destrucción del terraplén, una cifra muy por encima del 1,5 millones de pesos, si es que se aspira a que el terreno vuelva a tomar su forma natural.
Tras la comunicación oficial al ICAA, este organismo, según pudo saber extraoficialmente momarandu.com, prepara ahora su respuesta a la justicia en donde hará notar que no cuestiona el fallo judicial, pero que se necesitan flexibilizar los plazos para cumplirlo.
El ICAA alegará que debe cubrir requisitos legales para reunir los fondos - llamado a licitación, concurso de precios. etc- por lo que pedirá entonces que se informe a las partes sobre esos pasos administrativos imprescindibles
Además el ICAA entiende que la instancia técnica demandaría un estudio minucioso, pues sacar la tierra también podría provocar un impacto ambiental en el ecosistema del Iberá, y habría que determinar lugares donde colocar el material que se saca del terraplén.
También deberá garantizarse el escurrimiento de las aguas como lo era antes de la construcción de las obras.
Recientemente pobladores de Yahaveré habían pedido al Poder Legislativo y al Ejecutivo que exijan “hasta con la fuerza pública” el cumplimiento del dictamen del Superior Tribunal de Justicia que ordena a la firma Forestal Andina destruir el terraplén que construyó sobre el Iberá en el departamento de Concepción.
El querellante de la causa contra la firma, Bruno Leiva, y su representante, Patricia Mc Cormack, se reunió con funcionarios del gobierno a los que instaron a que breguen por el cumplimiento del mandato judicial.

Imagen: Archivo Programa Infoambiente