La justicia dispuso ayer el allanamiento de 34 empresas radicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo, que se negaron a ser inspeccionadas, durante el proceso de relevamiento realizado en los últimos meses por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida fue adoptada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y contó con el trabajo de inspectores de la Secretaría y el acompañamiento de efectivos de Gendarmería Nacional y de la policía federal y bonaerense.
La autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) pidió que se disponga el allanamiento de 22 firmas que en su momento se negaron a ser inspeccionadas y a ese listado, se sumaron en las últimas semanas doce empresas más que no dieron información sobre sus procesos industriales. Alejandro Rosi, secretario del Comité de Cuenca Matanza-Riachuelo, señaló que "lo que se busca con estas medidas es tener los indicadores de aporte contaminantes, que se incorporarán al informe que se remite al juzgado".