La inspección realizada ayer por la Secretaría de Ambiente a la Cuenca Matanza–Riachuelo, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia (que exige acelerar los tiempos), arrojó cuatro clausuras, 34 allanamientos y hasta un desarmadero de autos. Para ello se contó con la orden del juez federal 1 de Quilmes, Luis Armella. Algunos de las firmas clausuradas fueron el frigorífico Rastelli (Esteban Echeverría) y la curtiembre Central Leather (Lanús).
En el operativo, del cual participaron alrededor de 300 personas (200 de ellos fuerzas de seguridad), la mayor sorpresa fue encontrar un desarmadero de autos en la Capital Federal. Todas las actividades fueron controladas por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y cinco asociaciones civiles.
El empeño puesto por la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, se explica porque si no cumple con los plazos previstos por la Corte Suprema, deberá responder con su propio patrimonio a las multas. Dentro de ese fallo, se estableció como plazo máximo para que las empresas dejen de volcar líquidos contaminantes, el 2 de enero próximo.