En los últimos meses se habla insistentemente, por parte de alcaldes y gobernadores, sobre el tema de servicios públicos domiciliarios.
Eso se debe a la incidencia que tendrá en las finanzas municipales la implementación de las nuevas políticas públicas, estructuradas dentro de los planes departamentales del agua, en donde los municipios que no logren certificar la calidad de la prestación del servicio por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos perderán los recursos del Sistema General de Participación, recursos que serán girados para su inversión a las gobernaciones.
La Constitución promovió la competencia en el mercado como mecanismo para elevar los estándares de eficiencia de las empresas prestadoras de servicios y, de manera complementaria, la Ley 142 de 1994 promovió la implementación de esquemas de prestación del servicio, con participación de terceros y de operadores especializados internacionales.
Estos resultados se han materializado en las ciudades intermedias, en donde por el numero de usuarios la operación de estos sistemas son atractivos económicamente hablando para los operadores privados, circunstancia que no ocurre con los municipios pequeños que, por el contrario, en su mayoría son operados directamente, manteniendo ineficiencias como la falta de cobertura y calidad, especialmente del servicio de acueducto.
Como resultado de esta situación y de una débil capacidad de gestión de los municipios se ha generado el deterioro progresivo de la calidad de vida de los ciudadanos y un desfinanciamiento sistemático para cubrir las necesidades de expansión y optimización de los sistemas, agravado por el rezago de las tarifas respecto a los costos reales de la prestación de los servicios.
Sin embargo, algunos municipios iniciaron en forma tardía los procesos de transformación y creación de empresas de servicios públicos; esto dio lugar a que procesos de participación privada se iniciaran y alternativamente se propiciara la participación más activa de la comunidad en la gestión de los servicios, principalmente en las zonas rurales.
Por otra parte, el desconocimiento de muchas de las normas regulatorias no han contribuido decididamente a la promoción de esquemas regionales asociados, por la incertidumbre que genera en los mandatarios el manejo financiero de las mismas.
En síntesis, el grado de descentralización del sector, la multiplicidad de entidades, su deficiente gestión y la ausencia del nivel departamental como articulador de la política nacional hacia el nivel local es evidenciada en la falta de mecanismos de coordinación, asistencia técnica, financiación, regulación y control, que dificultan el logro de los objetivos de la política sectorial y restringen la participación privada.
El Gobierno nacional determinó implementar como una política dentro del plan de desarrollo, los planes departamentales del agua como una solución a todos los inconvenientes planteados.
Sin embargo los alcaldes deben analizar con lupa las posibilidades planteadas para su municipio, por parte de las entidades que integran el comité directivo del plan, para de esta forma actuar con un alto grado responsabilidad ante sus comunidades.

-Ex gerente Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso