Enfrentados. La denuncia sobre una posible privatización del servicio del agua, interpretada en el Decreto Legislativo 1081 por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), generó malestar en el despacho del Ministerio de Agricultura (Minag), cuyo titular, Ismael Benavides, calificó de "trillado" el tema.
"Existen intereses políticos o de otra índole, por lo que es necesario analizar el tema de manera técnica", dijo Benavides en respuesta a los reclamos señalados, mientras que Enrique Málaga, presidente del referido gremio, señaló que la denuncia "es la interpretación fiel a lo establecido en el dispositivo legal".
Málaga explicó que el DL 1081 –promulgado en el marco de las facultades para legislar en la implementación del TLC– establece tercerizar la administración del recurso a una persona natural o jurídica tanto del sector público como privado. "Es una carta abierta a una privatización para determinar el manejo del agua", manifestó.