Un balde de agua fría recibió esta semana el ala minera del grupo Errázuriz, de propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz, luego de que el tribunal de Pozo Almonte la declarara culpable del delito de usurpación de agua tras un largo conflicto con la también minera SQM, debido al uso del recurso en la Pampa del Tamarugal, en la Región de Tarapacá.
El principal afectado por la decisión judicial fue el gerente general de Cosayach, Waldo González, en quien se personalizó la figura delictual. El fallo estará redactado el martes de la próxima semana.
El juicio oral se desarrolló entre el lunes y el jueves, en la localidad cercana a Iquique. También participó, además de las empresas involucradas, el mandamás de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weissner.

Larga pugna
El conflicto se remonta a 1999 y enfrenta a SQM, firma ligada al empresario Julio Ponce, y a las empresas de Errázuriz, las que, a través de Negreiros, Cala Cala, Soledad y Cosayach participan del negocio de la minería no metálica, al igual que la ex Soquimich.
Según explicó hace algunas semanas SQM -que también utiliza el agua de la Pampa del Tamarugal-, su competidora pidió derechos de agua en 1999 ante la DGA. Sin esperar que el Gobierno le otorgara los permisos, comenzó a utilizar el agua, lo que fue denunciado.
Eso, hasta que hace dos años la DGA acreditó que la firma de Errázuriz efectivamente estaba sacando agua sin contar con permisos y, por ende, incurriendo en una ilegalidad. Esto fue denunciado y, si bien el año pasado hubo un fallo favorable al acusado, este fue declarado nulo por una instancia superior.
Según el director de la DGA, este fallo marca un precedente importante, por cuanto se establece que es un delito la usurpación de aguas y, por ende, amerita pena corporal.
"Esta es una pelea que hemos dado durante más de un año. Es valioso que se haya obtenido una condena por este caso, que ha sido tan complejo. Esto deja claro que nadie puede invadir derechos ajenos sin contar con el permiso respectivo", razonó Weissner.
Agregó que, en general, las compañías mineras son cumplidoras de la ley y que el agua que explotan está siempre en regla. "Nosotros estamos controlando bien que se cumpla todo esto", señaló. Consultados por "El Mercurio", tanto SQM como Errázuriz prefirieron no referirse al tema.

>> Altos pagos por estos permisos
Una estimación del director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, dice que las mineras llegan a pagar hasta US$ 200.000 por cada litro por segundo en una transacción de derechos de agua. Esto, porque la disponibilidad del recurso en la zona es muy limitado y la entrega de permisos está congelada.
Según el gerente general del Consejo Minero, Javier Cox, esto no basta. "Uno puede encontrarse con que el recurso hídrico que legalmente correspondería no está realmente disponible en la práctica", señaló el ejecutivo.