Sus prestaciones tienen costos fijos, formados por insumos y gastos operativos que desde la salida de la convertibilidad -que disponía un tipo de cambio monetario fijo, en uno a uno- han crecido al ritmo de la inflación real (no de la que indican las estadísticas oficiales) y en la misma proporción en que resultó depreciado el peso argentino frente a las monedas duras.
No existen recetas mágicas que permitan brindar servicios sin cubrir con las tarifas los gastos que éstos conllevan. Hay transitorias medidas que los gobiernos aplican con más o menos prudencia para postergar (ya que no es posible lisa y llanamente evitar) las subas de las boletas. El artilugio es contable y consiste en financiar a los prestadores de los servicios públicos (del Estado o privados) con subsidios pagados con los impuestos del conjunto de los ciudadanos (los que reciben esas prestaciones y los que no).
En el caso de Assa, la financiación de sus déficits con fondos del Estado provincial es perjudicial por partida doble. En primer lugar, porque como práctica económica no es aconsejable; en segundo término, por lo injusto que es recargar a todos por lo que disfrutan sólo algunos. La razón es sencilla: Aguas cubre al 60% de los habitantes de la provincia, pero en un esquema de subsidios estatales el restante 40% también debe aportar (sin recibir ningún beneficio).
Por el contrario, la condición de ciudadano santafesino y de usuario del servicio eléctrico son casi coincidentes (aunque una porción menor corresponde a las cooperativas de servicios).
Los aumentos en Assa y EPE crean premios y castigos que son diferentes. La EPE subió en un 13,4% como promedio y Assa lo hizo de modo uniforme en un 29%.
En el caso de la electricidad, se cobra más cuanto mayor sea la inversión que necesita la empresa para cubrir la prestación. En la tarifa sanitaria (salvo unas pocas excepciones), el pago es más parecido a un impuesto que a una contraprestación.
Por esa razón los clientes de la EPE fueron divididos según su naturaleza, de acuerdo con la calidad de la prestación y por sus características socioeconómicas. Sus cuadros tarifarios han hecho que no reciban ningún aumento los 3.000 ex enganchados que aceptaron convertirse en clientes bajo tarifa social, que los jubilados con remuneraciones bajas tengan un aumento de $1,25 y que las familias que gastan menos de 240 kW sufran un aumento del 7% (la mitad que el promedio).
En Assa, en cambio, la superficie y el valor de los inmuebles servidos determina un consumo presunto de agua, en la mayoría de los casos sin medición. Sólo los pocos que se han costeado el medidor domiciliario pueden extremar cuidados para pagar menos.
Los servicios de ambas habían quedado sin modificaciones desde la crisis de 2001-2002, que terminó con valores fijos para casi todos los productos y servicios en el país. Los insumos de la compañía eléctrica crecieron desde entonces entre el 20% y el 60%; los de Assa, en promedio, el 81%.