Arcilla Cruz Carriu es alcaldesa, representante de la aldea Canó, del departamento de San Marcos de Guatemala, en donde ha explotado –como años atrás en Argentina–, un conflicto ambiental por la instalación de una minera canadiense.
“Cuando se comenzó a oír de la mina no sabíamos nosotros de qué nos hablaban –explica la alcaldesa maya–. Nunca tuvimos una reunión para saber del caso y decirnos qué iban a hacer. Sólo nos hablaban del famoso cianuro, que no hacía daño y no perjudicaba, y como nosotros no sabíamos nada, cabalmente nos engañaron: nos invitaban a unos almuerzos y luego nos decían que firmáramos unos papeles porque ellos tenían que rendir sus gastos. Yo fui en varias ocasiones a los almuerzos hasta que nos dimos cuenta de que era un engaño total lo que nos están haciendo. Yo tengo dos hijos. Mi primer hijo tiene doce años y me da mucha tristeza porque yo no sufría con mi hijo para nada. Con mucha alegría, decidí tener otra mi niña, pero lamentablemente ya no se puede tener familia ahí porque en el municipio es mucha gente a la que le sale sangre por la nariz, muchas ronchas, gripes muy fuertes, enfermedades que nunca se habían dado antes. El que tiene 12 años casi no me ha sufrido, pero la niña que tuve recientemente sí; yo voy gastando como 30 mil quetzales para recuperarla. Ella tiene mucha sangre, le sale, y mucha gripe muy fuerte y últimamente ya se va muriendo mucha gente de la comunidad, mueren de la noche a la mañana, y no se sabe por qué, sólo se revienta la sangre, se les viene y eso es todo, los médicos no pueden decir qué es.”
La minera Montana Exploradora de Guatemala, cuya casa matriz es la canadiense Gold Corporation, fue premiada por la Cámara de Comercio local por sus excelentes relaciones con las comunidades indígenas. Aun así, la minera mantiene desde hace años un conflicto con las comunidades de la zona y las comunidades hoy son blanco de amenazas. Hay siete indígenas procesados, y ocho mujeres con pedido de captura porque para defender la salud de sus hijos, un día decidieron cortar los cables de alta tensión que les pasaban por encima. Para las comunidades, la explotación minera a cielo abierta “vulnera los medios de vida de los pobladores de las comunidades sipakapenses” y podría ser un factor de “conflicto transfronterizo” con México porque está establecida sobre la cuenca del río Cuilco, que es compartido por los dos países.
Ese fue uno de los casos que se trataron en las audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua. Desde el lunes pasado y hasta ayer, el tribunal integrado por juristas y especialistas en temas ambientales de varios países del mundo sesiona en la Ciudad Antigua de Guatemala. Así lo hace cada año desde 1998, cada vez en un país distinto, y planteándose como una instancia internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental alternativa, con sede en Costa Rica, cuyo veredicto es de carácter ético o moral, no vinculante pero que fue creado, según sus mentores, para resolver conflictos relacionados con los sistemas hídricos de América latina.
Las jornadas que se suceden por estos días en Guatemala tienen ese carácter. Después de largos meses de evaluación, el jurado aceptó un total de 10 casos en los que los conflictos por el agua aparecen por lo general ligados a las comunidades indígenas. Por eso muchos de los participantes del foro llegaron de pueblos aborígenes de distintas partes de la región. Ellos son, como dice Javier Bogantes Díaz, director del tribunal, los pueblos que por estas horas poseen y conservan los últimos recursos hídricos y ecológicos que aún tiene la humanidad, y por eso sus lugares son los blancos a los que intentan llegar las industrias.
Como sucedió con la minera canadiense, en los primeros días se oyeron casos de El Salvador, Panamá y México. Entre ellos, se oyeron reclamos de dos etnias indígenas de Panamá contra una empresa hídrica colombiana; el reclamo de la Unión de Pueblos de Manatlán, de México, por un río del que depende una población de 30 mil personas y que recibe las descargas del manejo industrial del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada o el reclamo de la comunidad de San Luis Ayucan, también de México, en contra de la empresa Confianam SA y distintos organismos del Estado por un relleno de desechos urbanos y sanitarios sobre zonas de recargas de ríos.
En todos los casos, la metodología es parecida. Las comunidades afectadas suelen iniciar las denuncias de sus casos y luego de meses y hasta años de recolección de pruebas científicas y técnicas, las presentan al tribunal. Las audiencias no sólo convocan a demandantes sino también a demandados. Así, cada vez más sucede que los demandados participan de los foros y de ese modo, aceptan la competencia del tribunal, cuyos veredictos no tienen carácter vinculante. Es una sentencia ética que sirve a los denunciantes.
De los siete casos que se oyeron desde el lunes, hubo tres acuerdos. Es decir, audiencias en las que demandados y demandantes establecieron puntos de acción en común. Uno de los más simbólicos se produjo en torno de las comunidades del bosque Palo Seco, de Panamá. Demandaron a dos empresas hídricas que llevan adelante cuatro represas y al Ministerio de Ambiente del país. El martes a la mañana, todos los actores presentaron su explicación sobre el caso y a la tarde se sentaron durante varias horas a discutir una suerte de acuerdo para continuar con las negociaciones en un plazo máximo de 30 días.
Susana Serracin es abogada ambientalista por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, de Panamá, y voz de la demanda. “Lo que nos preocupa no es la instalación de una represa sino la suma acumulativa de esos proyectos en la cuenca del río Changuinola, que es zona de amortiguamiento, que es un parque binacional y Patrimonio de la Humanidad y parte del corredor biológico; lo que revela que es de una zona de una fragilidad ecosistémica muy grande y que la apertura de esos proyectos va a traer no sólo la fragmentación de la zona sino los derechos de las comunidades asentadas históricamente en esos territorios ocupados por las etnias nasa y ngöbe.”
Una de las empresas instaladas en la zona es la hidrológica del Teribe Sa, una compañía de capitales públicos de Medellín que empezó a expandirse desde Colombia porque en su región tocó el techo de rentabilidad. Panamá es la primera inversión en el extranjero. Y en la zona de conflicto construyen una represa para generar 30 MW en una zona de reserva donde viven unas 600 personas. En este momento, la compañía está construyendo un puente y tiene el 50 por ciento de las carreteras terminado. “El estudio de impacto ambiental nuestro indica que como el proyecto es pequeño y porque no hay desplazamiento de población, los impactos son mitigables.”
–Entonces, ¿por qué la resistencia?
–Yo considero que es un problema político de la comunidad nasa porque ellos tienen dos reyes, uno reconocido por el Estado y otro no reconocido por el Estado. Evidentemente, la empresa interactúa con la autoridad letigimada por el Estado y ahí surgió la discusión.
Las comunidades no creen que allí se zanje el tema. Pero piden efectivamente el acuerdo de los dos reyes. Eso también será parte del camino abierto a partir de este momento.