Sesionó esta semana en Guatemala y está compuesto por nueve juristas, técnicos, científicos y representantes de pueblos indígenas. Entre sus casos emblemáticos hay demandas de contaminación por explotación de mineras, pesticidas y empresas hidroeléctricas. El año que viene
Floridalma López no dice sus cargos. Dice más bien: “Soy esposa de Ramón Vicente López, para servirle”, como si con eso bastara. Ambos recorrieron unos trescientos kilómetros en los últimos días para acercarse a la Ciudad Antigua, de Guatemala, donde acaba de sesionar el Tribunal Latinoamericano del Agua. Con ellos, se acercó una decena de alcaldes indígenas del municipio guatemalteco de Aguacatán, desesperados por la deforestación de una sierra y la explotación minera que empezó a provocar ciertos extraños problemas entre las dos etnias locales de la comunidad. En 1992, la cuenca del río San Juan, que atraviesa al pueblo, se secó durante media hora y luego volvió a secarse el 10 mayo de 2006 por cuatro horas más. En ese momento, los pueblos no encontraron ninguna explicación científica para el misterio, pero rápidamente imaginaron un castigo divino.
“Prácticamente –dice Floridalma– había muchos problemas entre la comunidad chalchiteka y aguacateca, y había una separación bastante grande. Según las creencias, a eso se debió que el río se secara. Entonces, las comunidades que se vieron ante esa situación decidieron unirse y hacer sus ceremonias y regresó el agua.”
Un año más tarde, para cuando se acercaba nuevamente la fecha de la seca, los guías espirituales de las dos comunidades se reunieron durante toda una noche al lado de la cuenca del río San Juan. En estado de oración, evitaron que el río volviera a enojarse.
La seca del río San Juan ahora es, apenas, el principio de uno de los diez casos que escuchó durante la última semana el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Integrado por un jurado de notables, el Tribunal recibió denuncias de Brasil, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador que podrían ser parte de cualquiera de los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas de Argentina. Este año, las denuncias tuvieron como eje los múltiples focos de minería a cielo abierto que llevan adelante, en toda la región, compañías de capitales canadienses y norteamericanos; los efectos de los usos de agroquímicos sobre los ríos y la instalación cada vez más importante de numerosas represas hidroeléctricas que desplazan a los pueblos indígenas de sus tierras. Aunque el tribunal sesiona desde hace diez años, aún no recibió casos argentinos. Tampoco esta vez. Sin embargo, ahora estudian algunas denuncias que probablemente serán parte del material que tratará el próximo año cuando sesione por primera vez en el Cono Sur y la sede será Argentina.

Por dentro
A grandes rasgos, la historia de este tribunal ambiental comenzó en 1992 con una audiencia en Amsterdam. Un tribunal del Agua convocado por única vez y durante una sola audiencia aceptó casos de todo el mundo y un grupo de organizaciones ambientalistas latinoamericanas presentó denuncias emblemáticas. Entre ellas, hubo un caso de Costa Rica que fue la base del proyecto que siguió.
Javier Bogantes Díaz es ahora el director del Tribunal Latinoamericano del Agua. A Amsterdam llevó un caso propio y encontró en esas audiencias una especie de clave: “Se escucharon casos de mineras, de contaminación con pesticidas, hidroeléctricas, que son los temas que siempre caracterizan a estos ámbitos –dice–, yo presenté uno contra la Standar Fruit Company, cuya casa matriz estaba en Estados Unidos, que en ese momento manejaba 42 por ciento del mercado mundial de la fruta”.
Era una denuncia contra el sistema de producción bananera que provocaba contaminación por pesticidas en el río, el mar, los corales, los pozos de agua de donde bebían los trabajadores y, además, la muerte de decenas de tortugas gigantes con las que Bogantes se encontró un día en medio de una playa. Estaban todas asfixiadas porque comían las bolsas de plástico desechadas por las bananeras. El Tribunal tuvo en ese momento una evaluación rotunda. Y aunque el veredicto no tuvo carácter vinculante, la difusión del caso y la condena moral expuso a la compañía y la obligó a cambiar varios aspectos como los pozos y los desechos.
Bogantes, que es jurista y filósofo, impulsó desde ese momento un escenario similar. Un tribunal con las mismas características, pero que funcionara de modo continuo y siguiera los casos de forma sistemática. En 1998 eso tomó forma en la primera audiencia del Tribunal Centroamericano del Agua que luego se latinoamericanizó.
“Es justicia alternativa porque es un modelo que parte de un proceso de profundización del derecho positivo –dice él–, pero en el que se establece al mismo tiempo una crítica al derecho positivo porque de alguna manera la existencia del tribunal determina que no hay eficacia en el derecho porque si la hubiera estos casos no existirían.”

Por fuera
Metodológicamente el tribunal funciona como la última puerta de entrada de un reclamo. Usualmente sólo acepta denuncias que han intentado agotar todas las instancias internas en sus países de origen. Y se plantea como un escenario previo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso al Tribunal de La Haya. Un espacio de justicia alternativa para velar exclusivamente por los temas hídricos pero que incluyen a la larga también los temas de exclusión social.
“Es un poco revolucionario –dice Bogantes–, porque es como decirle al Estado que la sociedad civil también puede; pero hacerlo es difícil porque los casos tienen que ver no sólo con temas ambientales sino políticos: con intereses económicos y de las grandes trasnacionales en sus relaciones con los gobiernos o con las familias poderosas de cada país. Sobre todo, donde las tradiciones democráticas son endebles y se dan ciertas relaciones de poder muy peligrosas. Hay una persona que está amenazada de muerte y está luchando contra la minería en Guatemala y otra persona a la que el viernes le pegaron un tiro en la pierna y otro en el estómago.”
Con el paso de los años, el Tribunal ganó cada vez más peso especialmente en los países de Centroamérica. Una de las tradiciones, por ejemplo, es convocar a las audiencias no sólo a los denunciantes sino también a las empresas y a los gobiernos demandados. En las primeras convocatorias, casi no hubo participación de esas instancias, pero a medida que pasaron los años también ellos empiezan a reconocer lentamente la competencia del Tribunal.
Uno de los casos emblemáticos de este año fue el proyecto hidroeléctrico sobre los ríos Bonyic y Changuinola de Panamá. Una compañía pública de capitales colombianos comenzó a construir una represa hidroeléctrica en el bosque protegido de Palo Seco. En las audiencias hubo representantes de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá y además integrantes de la empresa Hidroecológica del Teribe SA. Y aunque otra parte de la demanda alcanzaba a la compañía AES, una de las más importantes del mundo, quienes estuvieron firmaron un acuerdo con los integrantes de la etnias naso y ngöbe que los demandaron.
El caso más emblemático para el Tribunal sin embargo es otro caso de Panamá. La denuncia se escuchó en dos ocasiones, la última vez en el Tribunal de 2006. Se trata de un carguero con material nuclear de Japón que atraviesa el canal de Panamá de ida y de vuelta cuando viaja a Europa. Para las organizaciones ambientales de Panamá era un “Chernobyl flotante”, un barco de dos consorcios de capitales ingleses y franceses que cargaban el desecho nuclear de las generadoras eléctricas del Japón, donde 27 por ciento de las plantas usan energía nuclear como el uranio. Ricardo Valverde Sánchez es un biólogo del equipo de evaluación del Tribunal: “El problema era además que, de la carga descargada, el tres por ciento de todo volvía como basura nuclear y esos embalajes altamente radiactivos, ante cualquier accidente, podían hacer desaparecer primero a Panamá completo y luego al sur de México y Estados Unidos”. A pesar de que el Tribunal convocó al gobierno, no se presentó sino a través de una carta. En ese caso no hubo acuerdo y los barcos siguen pasando. Ahora hay un proyecto de ley en el Congreso de Panamá para limitar el tránsito de las aguas. Pero aun así el caso es paradigmático: es uno de los pocos temas cuyos efectos podrían estallar fuera de las órbitas de los países denunciantes.

Guatemala 2008
El jurado de los nueve juristas, técnicos, científicos y representantes de los pueblos indígenas estuvo encabezado este año por Augusto Willemsen Díaz, un guatemalteco que durante sus treinta años de funcionario en Naciones Unidas trabajó en asuntos indígenas. También estuvo Philippe Texier, de la Corte Suprema de Justicia de Francia y presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y el procurador de Brasil, Alexandre Camanho, que cuando su país presentó una denuncia (ver aparte) abandonó al jurado para abstenerse porque el Ministerio Público combate la misma causa. Además participó Catharina Wesseling, epidemióloga y directora regional del programa de trabajo y salud de América Central, o José Barnoya, un urólogo guatemalteco ya anciano recordado entre otras cosas como pionero de las huelgas universitarias.
Como sucedió con el cauce del río seco de Aguacatán, muchas de las denuncias estuvieron empujadas por las comunidades indígenas. Como si los problemas del agua, de las minas, de los proyectos hídricos o de los pesticidas fueran parte de las plagas que sólo caen sobre ellas.
“Lo que vemos es que en sus territorios están los grandes reservorios de agua, de forestación y de naturaleza”, dice Bogantes. “Ahí es donde las diversas compañías y los gobiernos están empezando a penetrar todo porque tienen las mayores riquezas del planeta, como la biodiversidad o los metales. Por eso, todos tienen una situación similar, que es que tienen que estarse defendiendo de la penetración de los gobiernos y de estas compañías, como sucede con las hidroeléctricas en Panamá o en Brasil con el río Madeiro.”
Aunque las comunidades resultan uno de los principales beneficiarios de esta nueva instancia de justicia, el Tribunal no trabaja exclusivamente sobre esa problemática. Y no quiere. Intenta plantarse como artífice de una plataforma política, y parte de un proceso que a medida que avanza les permite a las comunidades conseguir mejores niveles de pruebas para sus reclamos y con eso mejores fortalezas. Al menos para quienes logran llegar hasta ahí.