Luis Carlos Maretto es representante de la Asociación de defensa etnoambiental Kanindé, que trabaja con las comunidades indígenas brasileñas desde 1992. En estos días presentó una denuncia contra el gobierno de Brasil por un proyecto para la construcción de dos megaembalses en el río Madeira del Amazonas. Pese a la oposición del ministerio público de su país y de numerosas organizaciones ambientalistas del mundo, el mes pasado el gobierno central de Brasil entregó una de las dos licencias para el comienzo de las obras, que está previsto para el mes próximo. El desarrollo de la hidroeléctrica no es sólo un problema para esa pequeña región de Brasil sino uno de los principales ejes de conflicto en el continente y uno de los grandes fantasmas para las comunidades indígenas. El río Madeira, que es un cauce joven, de aguas oscuras, que nace en la Cordillera de los Andes, es el número 15 por su extensión entre los ríos del mundo y su potencia es tan fuerte que a lo largo de la caída va arrancando árboles completos, de ahí su nombre. Según la denuncia, los futuros embalses inundarán una extensión de 271,3 km2 y 258 km2 a la redonda. Pero en Brasil existen los “indios aislados”, que son comunidades que nunca tuvieron contacto con los blancos; siguen desnudos e incluso les lanzan flechas a los helicópteros cuando los ven pasar. Desde hace unos años, si el gobierno detecta la presencia de una de esas comunidades, las preserva con una zona de interdicción.
El problema ahora es que la zona de influencia de las represas tiene incidencia directa sobre por lo menos dos de esas poblaciones, si no más. Se da por cierto que con la inundación que provocará la construcción de la represa se perderán áreas de agricultura y afectará, además, a las 493 especies de peces del río, considerado el cauce con más diversidad de Brasil. No hay cálculos aún sobre cómo afectará a la flora o a dónde se desplazarán las 500 familias de la zona, el efecto más dramático que se observa con la propagación de las represas. “Brasil tiene pensado invertir sólo en proyectos de energía eléctrica –dijo Maretto– 150 billones de dólares, y en esas dos represas sólo va a gastar 10 millones de dólares: ¡podemos imaginar entonces todas las obras que podrán llevar adelante aún y lo que significa eso!” Solo en esa región, ya hay otras dos represas en estudio. Y las obras para Brasil son estratégicas, porque buscan generar energía alternativa para los centros industriales del país. En los últimos días, la causa llegó al Tribunal Latinoamericano del Agua luego de recorrer varias instancias internas. El proyecto fue rechazado en Brasil por el Instituto de Medio Ambiente en una primera instancia, pero “como el cargo del director es un cargo político –dijo Maretto– se terminó concediendo”. La Fundación del Indio también rechazó el proyecto, pero como todo siguió adelante la ONG Kanindé acudió al TLA en medio de una situación de emergencia. En la demanda acusó al gobierno federal de la República de Brasil, a través de la Advocacia Geral da Uniao (AGU) y a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa).