El poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a retrasar el traspaso de los sistemas de agua potable del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a las municipalidades, porque no hay fondos para convertir esta institución en un ente técnico y pagar el pasivo laboral como manda la ley.
En el proyecto de ley entregado personalmente en el Congreso Nacional por el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, se pide a los diputados reformar el artículo 48 de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, contenida en el decreto 118-2003 publicada en el diario oficial La Gaceta el ocho de octubre de 2003.
El gobierno central sugiere que los sistemas administrados por el SANAA y sus bienes sean transferidos gradualmente a las municipalidades correspondientes.
Según el proyecto, el proceso de traspaso debe concluirse en el término de diez años contados a partir de la publicación de las reformas del referido decreto.

ASISTENCIA A LAS MUNICIPALIDADES
Durante ese periodo de diez años, el SANAA brindará asistencia a las municipalidades para su capacitación en aspectos técnicos y administrativos relacionados con la operación de los servicios.
En el proceso de transición de traspaso de los sistemas de agua potable y saneamiento, el ente regulador tendrá la responsabilidad de controlar y fijar las condiciones de calidad del servicio y de las tarifas que por los servicios de agua potable establezca el SANAA.
El Gobierno expuso al Congreso en sus argumentos que si en este momento se iniciara la reestructuración del SANAA en ente técnico y de planificación sectorial, se provocaría un descalabro.
Asimismo, señala que en varias municipalidades como La Ceiba y El Progreso no existe interés de que se haga el traspaso de sistema porque no cuentan con los fondos para pagar la capacitación técnica y administrativa del personal.
En el caso de la capital, según el Ejecutivo, se requiere mayor tiempo para cumplir con las tareas que la ley manda y además requiere de mil 500 millones de lempiras para el pago del pasivo laboral.