En Assa, hay 1.800 casos sociales en espera. Son 3.000 familias pobres de Rosario y Santa Fe. Como sus vecinos, contaban con electricidad ilegal pero gratuita, provista por medios tan precarios como peligrosos.
Colgados de los cables de distribución de la EPE integraban el renglón de las “pérdidas no técnicas”, el eufemismo favorito con que las empresas distribuidoras de energía denominan al fraude eléctrico.
Según los últimos datos oficiales, el 20% de la energía distribuida por las redes no se factura ni se cobra. Un 10% se atribuye a las “pérdidas técnicas”, propias de todo circuito eléctrico (energía perdida en forma de calor). Los responsables de los diez puntos restantes son sectores altos, medios y muy bajos. Hay tanta energía robada por usuarios de barrios marginados como por clientes que pagan la factura pero se las arreglan para estafar al proveedor estatal “pinchando” el medidor.
La penalización de los enganchados VIP, en tanto, se realiza a paso lento. Los últimos operativos que detectaron estos fraudes ocurrieron en los countries santafesinos de Los Molinos y Ubajay, en el barrio rosarino de Fisherton, en San Lorenzo y en Roldán.

Regularización.
Para los pobres, la EPE tiene tres opciones: la tarifa social, que ya alcanza a 25.000 familias; la de carenciados, que tiene 1.100 usuarios; y la de indigentes, que se encuentra en unos 550 casos. Los valores de sus boletas son mensuales y nunca superan los 30 pesos. El primer grupo tiene energía en igualdad de condiciones que los usuarios residenciales, pero ha demostrado que sufre problemas sociales y económicos que no le permiten pagar el servicio como los demás.
En los dos renglones siguientes (carenciados e indigentes), la energía llega con menos potencia (2,2kW en lugar de 5 kW de los demás clientes) y no hay medidor. Un limitador de potencia dispone que si consumen demasiado al mismo tiempo, el servicio se interrumpe.
El propósito es que la tarifa social cubra parte de los costos y que se creen hábitos de uso racional: los 3.000 ex colgados de los cables de la EPE no apagan las luces durante el día, porque no les cuesta y porque tocar esas instalaciones informales siempre es peligroso.
Casos sociales. Los nombramientos con que se despidió el gobierno de Jorge Obeid en 2007 no incluyeron a 8 asistentes sociales del Enress (5 en Rosario y 3 en Santa Fe) que tenían a su cargo evaluar a los usuarios de Aguas Santafesinas SA que solicitaran ser comprendidos por la categoría de “caso social”, y así obtener un descuento del 70 % en sus tarifas.
Esta semana, el gobernador Hermes Binner firmó un decreto que reincorpora a esos mismos profesionales. Entre los meses de la transición y los de la acefalía del Enress (su directorio de 5 miembros aún tiene sólo 2 en funciones), los casos sociales se fueron acumulando y ahora hay 1.800 que esperan una resolución. Todos son de las ciudades de Santa Fe y Rosario. En los 13 municipios restantes a cargo de Assa, fueron los gobiernos locales los que auditaron la condición socioeconómica de los solicitantes.
La enorme mayoría son jubilados y desempleados que no han sufrido cortes en el servicio (Assa no los aplicó nunca), pero ven que sus boletas impagas forman una pila que pone en riesgo sus posesiones.
La figura de los casos sociales subsiste desde la privatización que convirtió en mercancía al agua potable entre diciembre de 1994 y febrero de 2006.
En la renegociación contractual de 1997, el Estado se hizo cargo de subsidiar parte de esos consumos, y de pagarle la diferencia a Aguas Provinciales SA para evitar que se cortara el agua potable a quienes no podían pagarla.
En realidad, los montos que se acumularon por ese concepto en favor de la empresa de la multinacional Suez (unos 10 millones de pesos) no se erogaron nunca y forman parte del juicio que la multinacional francesa sigue contra la Argentina.