Los legisladores solicitaron que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, explicara el destino de los fondos enviados al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). El planteo se enmarca dentro de los estudios realizados en base al cuestionado convenio firmado entre la Provincia y La Pampa, por la concesión de agua del Río Atuel.
La solicitud se debe a que, dentro de los decretos provinciales del mes de agosto, se autoriza al Gobierno a pagar la suma de $35.183 y $70.366 como aporte para atender los gastos que demanden los estudios y funcionamiento del organismo. Estas cifras son los pagos por los primeros seis meses del año.
El diputado del PD Alberto Sánchez presentó este pedido de informe al Ejecutivo, en el que pide que se aclare en qué se invirtieron los aportes al Comité.
“En el Boletín Oficial constatamos que se autorizaron pagos al Coirco, pero nunca se presentaron informes acerca del uso que se realizó de esos fondos. Es necesario que se justifiquen y que, además, aclaren por cuánto tiempo se continuará pagando esta suma al organismo”, señaló Sánchez.
Por otra parte, desde el PD marcaron que el resto de provincias pertenecientes al comité del Río Colorado –Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén –deben informar de sus aportes. “Con esto solicitamos que se nos remita una copia del presupuesto anual de gastos y un avance de los estudios vinculados a la cuenca. Queremos averiguar si nuestra provincia es la única que está aportando para estos estudios que se mencionan, así como también cuál es la contraparte que destina la Nación”, afirmó Sánchez.
Por último, los legisladores piden a los representantes en el organismo, el subsecretario de Obras Públicas, Mariano Pombo, y el director de Hidráulica, Rolando Baldaso, que fundamenten la firma de acuerdos en cuanto al uso de aguas.

Cuestionamientos por el convenio
El trasfondo de este pedido es el cuestionamiento del convenio oficializado en la visita presidencial a Mendoza. Ya en ese momento el anuncio causó malestar, tanto en la oposición como en los organismos ambientalistas, quienes destacaron los conflictos que surgirían a largo plazo para cumplir con el cupo de agua para la vecina provincia .
“Entendemos que las obras son necesarias, pero consideramos que este convenio perjudica a Mendoza”, aseguró la senadora del ARI Alejandra Naman.
“No es lógico que entreguemos aguas cuando actualmente sólo llegamos a regar 50 mil hectáreas y deberíamos llegar a 75 mil”, fundamentó Sánchez.
Por lo pronto, Irrigación recién comienza la etapa de estudios relacionados al convenio, con lo cual el debate legislativo deberá esperar varios meses.