Las firmas de la presidenta Cristina Kirchner y todos sus ministros bastaron para ampliar el presupuesto de este año en $ 36.727 millones. El gasto aprobado por el Congreso el año anterior se estiró así, de un plumazo, un 25%, casi diez puntos por encima de las ampliaciones que decretó la Casa Rosada allá por 2004, 2005 o 2006, aunque por debajo de la del año anterior. Los fondos frescos se usarán, sobre todo, para pagar subsidios y jubilaciones.
Además de reconocer, con esta ampliación, la real dimensión del gasto público, el Gobierno corrigió, a través del decreto de necesidad y urgencia 1472/08, publicado ayer, otras "anomalías" inherentes a las tímidas proyecciones del presupuesto original. A saber:
- Elevó un 26% los recursos totales previstos, o, lo que es lo mismo, reconoció que este año recaudará $ 43.106 millones más de lo que se estimó originalmente. No son los únicos recursos de los que echará mano la Casa Rosada este año: se desprenderá de activos financieros, como títulos o dinero en efectivo, por 6500 millones, y emitirá nueva deuda de corto plazo por otros 2250 millones. Con estos fondos, más los provenientes de la recaudación, contará con 52.000 millones adicionales.
- Además de las ampliaciones mencionadas en el gasto público, el Gobierno destinará $ 15.127 millones a "aplicaciones financieras", como, por ejemplo, reforzar el fondo anticíclico de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
- Lógicamente, al reconocer cuáles serán los ingresos y los gastos reales de este año, el Gobierno reconoce, implícitamente, qué superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) espera lograr. De los $ 27.047 millones previstos en principio, se pasará a 33.959 millones, un 3,3% del producto bruto interno (PBI).
- El decreto eleva el gasto previsto en intereses de la deuda en casi $ 4000 millones, aunque aun así el resultado global mejora un 38% respecto del previsto originalmente, hasta rozar los 11.000 millones.
Todas estas cifras surgen de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), elaborado sobre las cifras del decreto conocido ayer.
El mayor incremento de recursos recayó sobre el Ministerio de Trabajo: su presupuesto original se elevó en un 16% con el aporte de $ 9899 millones. Casi todos esos recursos se destinarán a jubilaciones, asignaciones familiares y el PAMI.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, amplió su caja original, la más abultada del espectro estatal luego de la previsional, un 37%. Recibió $ 9470 millones, que se sumaron a los 18.550 millones otorgados a su cartera en un comienzo. De esos nuevos fondos, algo más de 6500 millones subvencionarán energía, trenes, aviones y colectivos. Esa cifra incluye, entre otras transferencias, 590 millones para la futura firma estatal Aerolíneas Argentinas y un poco más de 3600 millones para Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, que, tal como ocurre desde hace cuatro años, se utilizarán para comprarle fueloil al gobierno de Hugo Chávez. Habrá, además de estos fondos, otros 3528 millones para "apoyo a operadores privados de la energía".
Claro que la lista de subsidios no termina allí. La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que dirige Ricardo Echegaray, duplicará su presupuesto gracias al decreto conocido ayer: sumará $ 1926 millones para el pago de compensaciones al sector.
Y las empresas públicas tendrán $ 1983 millones adicionales para gastar de aquí a fin de año. La operadora de los servicios de agua y cloaca estatal AySA recibirá la mayor parte de esos fondos: 1250 millones, supuestamente, para obras.
Lejos de concentrarse sólo en la dimensión y la distribución del gasto público, el primer decreto de necesidad y urgencia que firmó Cristina Kirchner incluye otras medidas destacadas. En el artículo 16, fija las condiciones generales para el cumplimiento del decreto 1394/2008, que dispuso la cancelación de la deuda con el Club de París, y autoriza la colocación de títulos al Banco Central para hacerse de las reservas necesarias y cerrar la operación.
El decreto otorga avales del Tesoro por unos $ 5500 millones en favor de las estatales Enarsa (que recibió sólo 150 millones más esta vez porque en 2008 se importó menos gas de Bolivia), AySA y el Banco Nación, "a los efectos de garantizar obligaciones asumidas y por asumir, vinculadas a las áreas de infraestructura energética, de transporte de gas y de saneamiento de aguas".