Nuestra provincia viene padeciendo desde hace décadas distintas dificultades por el hecho de ser, con respecto a las cuencas hidrográficas de los ríos que la surcan, una provincia de aguas abajo.
Todos los ríos que llegan o pasan por el territorio santiagueño tienen sus nacientes en las provincias vecinas del oeste y el norte y ello trae aparejado diferentes problemas relacionados con la cantidad o la calidad del agua que nos llega.
Desde Salta ingresan el Salado y el Horcones. Conocemos de sobra que en territorio salteño el Consorcio de Usuarios de Agua El Tunal maneja discrecionalmente el recurso hídrico del río Juramento y que cuando el agua no sobra, a Santiago llega menos de lo que le corresponde.
No tenemos problemas por ahora con el Horcones y toquemos madera porque sigamos así.
Por el límite entre Salta y Tucumán entran el Urueña y más al Sur los arroyos Tajamar y Pajas Coloradas y con ellos en general no hay dificultades de distribución indebida del agua. Los problemas los tenemos en el propio territorio, por la acumulación que se verifica en años hidrológicos ricos en los bajos salinos de Huyamampa (agua grande en quichua) que acceden al río Salado deteriorando la calidad del agua que conduce.
Después está, ingresando desde Tucumán, el río Dulce cuya cuenca imbrífera contiene todos los ingredientes que configuran una contaminación mayúscula, con componentes de aportes cloacales no tratados, efluentes industriales de distinta procedencia, ingenios, citrícolas, papeleras, frigoríficos, etc.
También plaguicidas y agroquímicos en general, provenientes de la actividad agrícola, y finalmente el agua residual del emprendimiento minero de Bajo de la Alumbrera, de Catamarca.
Este abanico de vertidos contaminantes ha convertido el embalse de Río Hondo en el reservorio final de compuestos orgánicos y químicos diversos que prácticamente inhiben la vida ictícola e implica un riesgo sanitario severo por lo menos estacionalmente, para quienes se atreven a tocar sus aguas y han ubicado a esta cuenca en el segundo lugar como la de mayor afectación, luego de La Matanza-Riachuelo, considerando todo el país.
Ahora, Agua Rica
Y como si todo esto fuera poco, ahora se viene Agua Rica, también desde Catamarca con un esquema de procesos para tratamiento y transporte del mineral en base al agua por supuesto, que se extraería de la subcuenca del río Santa María, del sistema hidrográfico del río Juramento y se la trasvasaría por un mineraloducto hasta Tucumán.
Luego de separar los minerales, iría al famoso DP2 (desagüe principal 2) que ya recibe aguas pluviales contaminadas, efluentes industriales y el agua de la minera Bajo La Alumbrera y las conduce hasta el lago de Río Hondo, como obsequio marginal para Santiago del Estero, que por supuesto, no va en las utilidades (gigantescas) del emprendimiento, pero si asume el riesgo potencial por ser el depositario final de sulfuros, metales pesados y otras sustancias que el proceso de tratamiento de los minerales produce (como diría Martín Fierro: “figuro en todos los entreveros, nunca en la lista de paga”).
Es bueno aclarar que en la presentación que la Minera Agua Rica realizó en la reunión del Comité de Cuenca el día 12 de septiembre sobre el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) la explicación que se realizo sobre la decisión inconsulta del trasvase desde una cuenca que con el cambio climático tiene menos agua como es la cuenca alta del Pasaje, Juramento o Salado a otra que cada vez tiene más agua, la del Salí-Dulce, no satisfizo a buena parte de las presentes, incluyendo al suscripto.
No quedó en claro cual es el volumen anual de agua que se extrae de una cuenca y se trasvasa a la otra ni como se midió el impacto que ese traslado produce.
Ahora bien, el complejo esquema de procesos relacionados que prevé el proyecto y que comienza con la extracción del mineral en el yacimiento, su trituración, separación y transporte por agua hasta su deposición final en el embalse de Río Hondo, aparentemente cumple con las formalidades de la legislación vigente en materia de explotaciones mineras.
Sin embargo, es indudable que este tipo de mega emprendimientos (US$ 3.000.000.000 es la inversión prevista para hacer funcionar Agua Rica) rebasa, por sus características al espíritu de la ley que regula la actividad.
Sería razonable suponer que si la mina está en Catamarca y esa provincia cobrará las regalías mineras cuando el proyecto se concrete, debería también esa jurisdicción hacerse cargo de los residuos que el emprendimiento producirá y no enviárselos a Tucumán y finalmente a Santiago del Estero, que asumirán riesgos y recibirán impactos generados por terceros sin ninguna utilidad propia.
Fondo de reparación
Es lógico pensar, que Santiago del Estero debe ser consultado para que apruebe o no el Estudio de Impacto Ambiental y decida en consecuencia, a través de sus organismos competentes, si está dispuesto a recibir los efluentes residuales de esa actividad minera.
También podría ser que se determine una compensación económica por el riesgo potencial que implica la deposición final de los efluentes generados y se conforme un
Fondo de Reparación Ambiental para acciones estructurales y no estructurales correctivas, que le vendría muy bien a la provincia.
El precio a que cotizan los commodities mineros en el mundo, seguramente haría posible afrontar ese costo.
Para terminar con los problemas que trae aparejada la situación de provincia aguas abajo, resta mencionar el río Albigasta que entra desde Catamarca por Frías, pero que nunca pudo aprovecharse en Santiago, porque el agua, excepto en crecientes cada tres o cuatro años, se usa todo en la provincia vecina.
Recién con la obra de la presa El Bolsón, hace poco licitada, y con el acueducto complementario podrá nuestra provincia disponer de su cupo del 25% del agua de la cuenca para distribuirla a la gente y a la producción en el departamento Choya.