El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell Morán, dijo ayer que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se extralimitó en sus funciones porque permitió a la parte demandante –Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y comunidades indígenas– presentar nuevas pruebas sin ofrecer oportunidad al demandado –Gobierno– de prepararse para refutar.
Mitchell dijo, además, que el Tribunal no se ciñó a lo establecido en el manual de procedimiento del organismo que, según el funcionario, establece que los dictámenes deben ser estrictamente sobre temas relacionados con la seguridad de acceso al agua y a la “salud” de los ecosistemas hídricos.
Según Mitchell, el fallo toca aspectos más relacionados con el orden público que con la gestión ambiental del Gobierno.
Sin embargo, el jurado en su resolución señaló que “pese a que el TLA recibió las pruebas durante la audiencia, no fueron consideradas en el proceso de deliberación”.
Lucía Lasso, directora ejecutiva de ACD, dijo que la decisión del TLA fue enviada el pasado martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se presentó una demanda en contra del Estado por posibles violaciones a los derechos humanos de los indígenas, como consecuencia de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Mitchell dijo que en los proyectos hidroeléctricos de Changuinola se aplican las medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto ambiental y el principio de que “el que contamina paga”. Es por eso, dijo, que hace dos semanas la Anam multó con 10 mil dólares a la empresa Aes Changuinola por no controlar la sedimentación. La empresa dijo que el problema ocurrió por un defecto en los filtros, pero ya fue subsanado.