Tras los allanamientos ordenados por el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, 34 empresas radicadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo fueron allanadas para que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) concrete las inspecciones en establecimientos fabriles de Avellaneda, Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Unos 200 efectivos de las fuerza federal, acompañados por funcionarios y técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, tomaron muestras en las industrias que en un primer momento se habían negado a ser inspeccionadas, y procedieron a clausurar tres empresas (el frigorífico Estancia Restelli S.A. de Esteban Echeverría; la curtiembre Central Eláter de Lanús y una curtiembre en Capital Federal) al comprobarse severas anomalías.
Las empresas allanadas en el Conurbano y Capital Federal son: Rivera Luis Alberto; Colorcenter S.A. y Anvar LTD Gallo, de Almirante Brown; Monteluz S.R.L.; Rafael Curcio; Cernigliaro Gustavo Enrique; Sánchez Sergio Daniel; Juan Bautista de Leo; Fahe S.R.L.; Pereyra Andrés Gastón; Envases del Oeste; Cristian José Noguera; Corbell S.R.L.; Godina Hnos. y Mu SH ; Ritossa y C S.R.L.; David Arias; Divicenzo José, Divicenzo Mauro y Jannelli Hnos; Tecnología en Recubrimiento Industrial Heifen S.A.; Iemat S.R.L.; Fernando Miguel Cora; Vindya S.A. y Antonio Giacondo D'Stasio, de La Matanza; Viqueira y Leguizamon y Termar SH, de Avellaneda; Fundición Pinto SH; Estancia Restelli S.A. y Raúl Cano Coronel, de Esteban Echeverría; Central Leather y Gerino Gaetano, de Lanús; Laura Alejandra Abregu, de Lomas de Zamora; y Miano Omar y Miano Horacio y Nuva SACIFI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las que se sumaron otros dos establecimientos ubicados en Garzón 5168 y en Guardia Nacional 1345.
En el informe presentado ante el juez Armella, ACUMAR había solicitado que se disponga el allanamiento de 22 firmas que, en su momento, se negaron a ser inspeccionadas. Por pedido expreso de la ACUMAR, a esas 22 industrias se sumaron otras 12, con lo que se elevó a 34 el número de empresas que en su momento impidieron el ingreso de los inspectores oficiales para concretar el relevamiento pertinente.