El pasado 12 de agosto el Superior Tribunal de Justicia, ordenó a la empresa Forestal Andina la demolición del terraplén que construyó sin permisos sobre el Iberá en Yahaveré e impuso un plazo de cinco días desde divulgado el dictamen para derribar la obra hidráulica.
Sin embargo, la empresa no cumplió con el mandato y la Justicia derivó responsabilidades al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que aprobó la obra.
El ICAA, atendiendo al acotado plazo impuesto por la Justicia, emitió un escrito aclarando al Superior Tribunal de Justicia que no objeta el fallo pero que la inversión que demanda su cumplimiento requería otros plazos.
Pasó más de un mes desde la emisión de la orden judicial, y desde el ICCA manifestaron a Momarandu.com que "la demolición se hará, no está frenada esa medida".
Fuentes del instituto señalaron que las gestiones administrativas y técnicas están más adelantadas de lo previsto, y que aunque todavía no tiene fecha cierta ni prevista, estiman que será en un plazo más corto que el estimado.
Indicaron que resta precisar bien las partidas de dinero que demandarán las tareas de demolición y fijar el cronograma de obras que se desprenderá de los informes técnicos que se están haciendo.
"No hay demora ni negativa de la orden judicial, es más el ICAA tomó la decisión de finalizar cuanto antes las tramitaciones necesarias para concretar la demolición pese a que la empresa afectada todavía tendría una instancia de apelación judicial.
Indicaron que se estaría superando la cifra de 1,5 millones de pesos prevista originariamente como costo de los trabajos de destrucción del terraplén.
Ya se estaría definiendo el llamado a licitación y concurso de precios para la o las empresas que se hagan cargo de la demolición.
También la cuestión técnica, estudios ambientales tanto por la destrucción como para el retiro de la tierra, estarían muy próximos a finalizar.

EL TERRAPLEN
Forestal Andina inició en 2005 la construcción de un terraplén que luego fue denunciado por pobladores por obstruir el escurrimiento de las aguas.
La demanda se hizo cuando el terraplén tenía un kilómetro y medio de extensión, y la Justicia aceptó en esa oportunidad una cautelar para detener la construcción.
Pero la empresa hizo caso omiso y siguió con la construcción.
En mayo de 2006, el Juzgado Nº 12 resolvió la destrucción de las obras posteriores al kilómetro y medio ya edificado.
Además inició otro proceso para conseguir la declaración de impacto ambiental de esos 1.500 metros iniciales, que, de no lograrlo, también debía ser derribado.
También la Cámara de Apelaciones, en segunda instancia, ratificó la destrucción de la obra por impedir el normal escurrimiento de las aguas. La firma privada apeló y el Superior Tribunal de Justicia rechazó ese recurso extraordinario.
Finalmente los diversos fallos judiciales ordenaron la demolición de la totalidad del muro hidráulico.

Foto: Archivo Programa Infoambiente