Un panorama de suma gravedad sobre los recursos hídricos del país plantearon ayer en el Senado el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira, y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, ya que advirtieron que de un total de 653 acuíferos, 104 están sobrexplotados.
Hay casos extremos, reconocieron, como el valle de México, donde se llega a más de 500 por ciento de sobrexplotación.
Senadores de todos los partidos cuestionaron a los funcionarios sobre el problema y lo que hace el gobierno federal para resolverlo.
El perredista Silvano Aureoles dijo: no menos de 95 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados en el país. Alrededor de 98 por ciento de los recursos forestales de zonas tropicales están en crisis o prácticamente perdidas. Se ha acabado la superficie arbolada de la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca y es alarmante el caso de las obras del relleno sanitario en Zimapán, Hidalgo.
Luege respondió que la situación es seria y se origina por un sobreconcesionamiento –de pozos–, mala tecnificación y baja eficiencia en el riego agrícola.
La comparecencia inició con una discusión entre senadores, de nueva cuenta sobre el formato aprobado, toda vez que el perredista Tomás Torres pidió al presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo Reyes, que fueran los funcionarios y no él quienes declararan que su intervención sería bajo protesta de decir verdad, ya que de lo contrario si incurrieran en alguna falsedad no se les podrá reclamar legalmente.
El panista Reyes debió reconocer que hay “una serie de omisiones” en torno a las comparecencias, luego del nuevo formato del informe, ya que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sólo establece que el legislador que preside la reunión, sea quien les recuerde a los funcionarios que están bajo protesta de decir verdad.
Zanjado el punto, que llevó casi una hora, comenzaron las preguntas. El senador del Partido Revolucionario Institucional Mario López Valdez preguntó qué pasó con el fondo de 2 mil 700 millones de pesos para rehabilitar o apoyar en su operación a plantas de tratamiento de aguas.
El secretario Elvira Quezada respondió que en este momento operan mil 724 plantas de tratamiento y hay un fondo concursable, aprobado por la Cámara de Diputados, de 2 mil 200 millones de pesos, de los que 700 son para rehabilitación en centros turísticos y mil 500 para incentivo directo.
El titular de Semarnat fue cuestionado también por el presidente de la comisión de Ecología, Jorge Legorreta, sobre los residuos peligrosos, la falta de confinamientos adecuados y la contaminación de ríos y playas.
Al responder los cuestionamientos de los partidos Verde Ecologista y de la Revolución Democrática sobre la calidad de las aguas en las playas, Elvira Quezada subrayó a los senadores que “no encontramos un estándar que nos lleve a la lógica natural de su calidad. Creemos que hay que reforzar el modelo, hay que mejorarlo y perfeccionarlo.
“No tengo forma de explicarlo, en el sentido de que cada vez hay más playas que cumplen con el requisito de calidad de agua, aunque no tienen plantas de tratamiento residual. Ahí veo un conflicto de estándares que no corresponde a una realidad natural”, detalló, e informó que ese asunto lo está tratando con el secretario de Salud, José Ángel Córdova, a fin de mejorar esa norma y enviar la propuesta respectiva al Senado”.
Elvira Quezada respondió que en el caso de la deforestación los datos que “nos proporciona el Fondo Monarca es que el año pasado se tuvo una deforestación de 234.7 hectáreas y este año tuvo un pequeño incremento para llegar a 259.72. La superficie del área natural protegida oscila en alrededor de las 55 mil hectáreas”.
Debido al formato de la comparecencia, que permite al funcionario contestar las preguntas en bloque, muchas de las dudas quedaron sin responder, entre ellas la que el perredista Silvano Aureoles formuló al director de Conagua sobre la asignación de 110 millones de pesos al programa Pro-Árbol, que se hizo sin convocatoria abierta, ya que se asignó de manera discrecional a la Confederación de Asociaciones de Silvicultores, misma que tiene su sede “en las propias oficinas de usted, en Coyoacán”.