A pesar de que ya se inició la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se negó a proporcionar, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), información sobre la obra principal y los acueductos anexos, sus costos y el impacto ambiental y social que el embalse tendrá en las comunidades aledañas.
La dependencia alega que el proyecto ejecutivo de la presa “no está concluido”, informó el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), asociación civil que solicitó la información.
“Aún más: la autoridad argumenta que la información solicitada ha sido clasificada como reservada, y sostiene que su difusión podría poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona”, añadió la organización no gubernamental.
El Imdec aseguró que los trabajos con maquinaria pesada se han intensificado desde hace más de dos meses en el sitio donde se pretende construir la cortina, e indicó que ha documentado “la construcción de caminos y el derribo de árboles. Sabemos de la utilización de dinamita, lo cual resulta incomprensible si, como se dice, no hay un proyecto ejecutivo y una manifestación de impacto ambiental”.
La asociación también acusó a los gobiernos federal y estatal, de continuar el hostigamiento y las amenazas contra pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, “sin respeto a la voluntad de las comunidades, que es de total rechazo a la reubicación de sus hogares”.
Con esta actitud, destacaron, las autoridades pasan por alto la petición que hizo el 13 de agosto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a las autoridades estatales: abstenerse de realizar actos de hostigamiento contra la población y suspender inmediatamente las obras.
“Los argumentos de las autoridades para negarnos la información son inaceptables, ya que son el gobierno estatal y federal los que, desde el anuncio de la presa, en 2005, están poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Están violando los derechos humanos e impiden que las comunidades afectadas y la sociedad en general conozcamos este proyecto, que afectará a toda la región”, señaló el Imdec.