Unas 700 familias de Artigas y Salto reclaman una indemnización de US$ 13 millones al Estado porque sus tierras son afectadas por el lago de la represa de Salto Grande. El gobierno afirma que está "decidido" a cancelar la antigua deuda.
Un grupo de los involucrados concurrió días pasados a plantear su situación ante la Comisión de Tierras de la Junta Departamental de Artigas.
Allí señalaron que luego de la construcción de la represa, como consecuencia del lago que se formó al Norte, se vieron afectadas unas 15.000 hectáreas de habitantes del pueblo Cuareim y de la ribera de Bella Unión. A ello hay que sumarle el perjuicio que causan las crecientes del Río Uruguay en las plantaciones de caña y de arroz ubicadas en las inmediaciones del río, dijeron.
"Las inundaciones son consecuencia de la deformación del cauce del río. Fue por una obra del hombre. Si hubieran sido previsores, el agua no hubiera llegado hasta ellos. Estuvieron bien con el pueblo Constitución: sabían que iba a afectarlos, entonces, como corresponde cuando es una obra en beneficio nacional, se hace una expropiación. Acá no lo previeron", dijo a El País Yolanda, González, que patrocina a unos 300 damnificados.
Los reclamos comenzaron a fines de la década de 1970. "Esto, en dictadura, se hacía a través de relaciones diplomáticas de los cónsules, porque era un escenario internacional", recordó la abogada González.
La Ley 15.845 del enero de 1987 estableció que quedaban sujetos a servidumbre administrativa de ocupación temporaria de aguas, los inmuebles afectados por crecidas extraordinarias y discontinuas del Río Uruguay y sus afluentes en la zona del embalse de Salto Grande.
Para identificar los inmuebles afectados y el monto indemnizatorio se estableció la creación de una Comisión, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para que las personas fueran indemnizadas debían presentarse ante la Comisión, llevar pruebas y así se iniciaba el trámite. La Dirección de Catastro es quien determina la pérdida del valor de la tierra.
Esa Comisión trabajó y pagó indemnizaciones hasta el 2002, cuando hubo denuncias de manejos irregulares en ese grupo de trabajo y se decidieron suspender todos los pagos hasta que se resolviera el tema, señaló a El País, Mario Rosa, coordinador del sector Contencioso del Ministerio de Economía y Finanzas.
Desde ese momento, es que no se pagan las indemnizaciones. "Hay 600 personas -300 representadas por mí que han sido damnificadas y no han cobrado una indemnización todavía. ¿Cuántos han sido reparados? Pienso que más de 200 personas, una tercera parte de todos los damnificados", dijo a El País, González.
En 2006 el entonces subsecretario de Ganadería y hoy ministro, Ernesto Agazzi, respondió por escrito en 2006 que la deuda ascendía a US$ 13 millones. En ese mismo escrito se informó que se había indemnizado al 50% de los afectados, dijo González. Ella tramita el pago de las deudas tanto por la vía administrativa (ante los ministerios de Ganadería y Economía) como judicial (ver nota aparte).
A su vez, la Comisión de Tierras de la Junta Departamental de Artigas decidió gestionar reuniones con los ministros de Economía, Álvaro García y de Ganadería, Ernesto Agazzi, para plantearle su interés en ayudar a que los damnificados "puedan cobrar lo que desde hace muchos años se les adeuda", dijo el presidente de ese grupo de trabajo, Luis Eduardo Silva (Partido Nacional).
Entre los concurrentes a denunciar la situación a la Junta estaba Ángel Argenzio, quien representaba a los plantadores de caña de azúcar en la Comisión, que determinaba el pago de indemnizaciones y que aún enfrenta un juicio por su actuación, según González. Argenzio dijo a El País que el gobierno se había comprometido a saldar la deuda, lo que no ocurrió.

"DAR TRÁMITE"
Tras la cancelación de la investigación administrativa sobre la actuación de la Comisión, el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó a dar nuevamente trámite a los expedientes. "Las situaciones están siendo analizadas y se está elaborando un banco de datos con los damnificados de padrones rurales. Hay que hacer una decantación", sostuvo Rosa. Añadió que el análisis está siendo realizado por el Ministerio de Ganadería, que elabora criterios para establecer la indemnización a padrones urbanos y que el Ministerio de Economía "está dispuesto a continuar con los pagos, una vez que esté determinada la situación de cada padrón".
Por su parte, el ministro Agazzi dijo a El País que trabajan hace tres años en el tema. "Tuvimos que formar dos comisiones técnicas y aún falta solucionar la situación de los padrones urbanos. Estamos analizando caso a caso. Era un trabajo atrasado de décadas que retomamos. Está decidido que se les va a pagar", afirmó.

La cifra
600 Es la cantidad de personas que aún no cobraron la indemnización del Estado, según la abogada Yolanda González.

Afectados inician un juicio al Estado
Un grupo de 150 damnificados va a presentar demanda
Unas 150 personas presentarán en los próximos días una denuncia judicial, en la que reclamarán al Estado el pago de entre US$ 5 millones y US$ 7 millones por indemnizaciones no pagadas a raíz de las consecuencias en sus tierras por la represa de Salto Grande, dijo a El País su abogada patrocinante Yolanda González.
"Hay una demanda ya encauzada contra el Estado por 121 personas y estoy a punto de ingresar el expediente por 150 más. En el primer caso la demanda contra el Estado es por US$ 7 millones. Son personas tanto de Artigas como de Salto ", afirmó González.
"Han pasado cinco gobiernos. Como abogada he intervenido en muchas indemnizaciones que el Estado ha pagado y no dejo de recordar la de 2006, cuando la ley mandaba pagarle a los exiliados políticos, donde yo intervine dando asesoramiento. Esto es lo mismo. ¿Por qué en este caso no?", cuestionó la abogada.
Agregó que la propia Ley 15.845 "Río Uruguay y sus afluentes" establece el pago a los afectados. Esa norma indica que las llamadas servidumbres serán constituidas por el Poder Ejecutivo y se extenderán por un plazo de 100 años.
Según la norma, están sujetos a cobrarlas los inmuebles afectados por las crecidas del embalse de Salto Grande, tanto por la ejecución del proyecto, por el manejo o por operativos especiales. "Dicha indemnización deberá cubrir, además, los daños y perjuicios ocasionados a cosechas, ganados y mejoras", señala la ley.
Además, la ley indica que el Estado es "civilmente responsable" por los eventuales daños ocasionados en el pasado en la zona de influencia de Salto Grande, por la incidencia de la represa en las crecidas extraordinarias del Río Uruguay y de sus afluentes.