Entre esta semana y la próxima, las empresas estatales EBISA (Emprendimientos Binacionales SA) de la Argentina y Eletrobras de Brasil convocarán a licitación internacional para el «estudio de inventario» del aprovechamiento de los saltos compartidos sobre el río Uruguay y su afluente el Pepirí-Guazú. Es el primer paso concreto para la construcción de la represa binacional Garabí, planteada entre ambos países desde hace más de treinta años.
«A diferencia de otros momentos, ahora hay una fuerte decisión política», aseguran los funcionarios que conocen las negociaciones en marcha. Pero si bien es cierto que la relación bilateral se encuentra hoy en una de sus mejores épocas, no sólo esto explica el impulso dado a Garabí en el último año, en particular desde que asumió la presidente Cristina de Kirchner.
En la década del 90, cuando el precio internacional del petróleo se mantenía en promedio en unos 20 dólares y las reservas de gas encontradas en la Argentina parecían inacabables y capaces de abastecer a varios países de la región, Garabí hubiera sido un proyecto caro y demasiado ambicioso.
Actualmente, las cosas son distintas. Los costos disminuyeron por la introducción de nuevas tecnologías. Garabí, estimada con características tales que le permitan producir 1.000 megavatios de potencia, cuesta ahora unos u$s 1.500 millones.
Las dos centrales termoeléctricas nuevas de la Argentina, las de Campana y Timbúes, generarán 1.600 megavatios y costarán casi lo mismo que Garabí. Pero una vez construida, el costo del agua es cero. En cambio, el gas ya no es barato: a precios de Bolivia, el gas cuesta hoy alrededor de u$s 7 por millón de btu (unidad de medida usada internacionalmente) y el gas natural licuado importado para regasificar, entre u$s 15 y u$s 17.
En la década del 90 y por mucho tiempo más, la Argentina exportó gas entre u$s 1 y u$s 1,50 y nadie cree que esto volverá a repetirse. Aun cuando Brasil desarrolle las importantes reservas de gas descubiertas recientemente en el mar, el precio va a seguir siendo una mezcla del proveniente de Bolivia y del GNL regasificado, porque ése es el valor para la región (la Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil) y el que está en relación con los sustitutos derivados del petróleo (el fueloil y el gasoil).
Por eso, Garabí cierra en este momento, y seguirá siendo económicamente atractiva aun después de 2013, cuando Brasil empiece a producir significativos volúmenes de petróleo y gas. La apertura de las ofertas en la licitación para el estudio de inventario (cartografía y evaluación de los saltos) tendrá lugar el 20 de noviembre. Después deberá hacerse otro concurso para los estudios de viabilidad técnico-económica y ambiental, que se harán en forma conjunta, pero con dos consultoras diferentes.
Los presidentes se comprometieron este mes a que en 24 meses, o a lo sumo 30, estarán terminados los preparativos y las autorizaciones necesarios para empezar la construcción de Garabí. Si esto se cumple, las obras deberían empezar en el segundo trimestre de 2011 y la hidroeléctrica debería estar en funcionamiento para fines de 2015, incluyendo las reparaciones del medioambiente. Esto puede sonar demasiado simple si se lo compara con las vicisitudes de Yacyretá, el último emprendimiento binacional, en ese caso con Paraguay. (Se supone que los gobiernos de la Argentina y Brasil deberían dictar ya normas para que no aparezcan compradores de los terrenos que luego busquen indemnizaciones costosas.)
Algunos funcionarios argentinos opinan que se trata de situaciones no equivalentes por la diferencia entre ambas represas, empezando por el compromiso argentino de afrontar la mayor parte de los desembolsos en el caso de Yacyretá y por las relocalizaciones que en la nueva hidroeléctrica serían mucho menores, porque los terrenos están casi deshabitados.
Del lado brasileño, no hay dudas sobre los tiempos. Apremiado por el fantasma de la crisis energética de 2001, Brasil aspira a construir en dos años dos represas sobre el río Madeira, en pleno Amazonas, y los concesionarios cumplieron hasta ahora los plazos previstos. Las dificultades provinieron más de la demora para las autorizaciones ambientales de IBAMA, el organismo de control del país, y de los conflictos con los indígenas de Brasil y de Bolivia, que se encuentran cerca de tierras anegables por las nuevas presas.
El esquema consiste en que se licita para un único adjudicatario la construcción y también la concesión de la represa por 30 años, incluyendo el período de las obras civiles y el equipamiento técnico, y la hidroeléctrica se paga con la energía que produzca.
De este modo, cuanto más tarde el concesionario en dar la puntada final, más demorará en pagar los créditos que le dieron con años de gracia para hacer las obras y la garantía de la energía a producir. El contrato, además, queda atado a otros contratos de compra obligatoria de energía por parte de las distribuidoras a precios que orillan los u$s 50 el megavatio/hora. En la Argentina, ese valor, un poco más alto todavía porque es una usina a gas, por ahora sólo se le reconoce a la expansión de Central Güemes, dentro del programa Energía Plus, que permite pactar libremente con los compradores los precios de la electricidad adicional que ingrese al sistema.
El modelo tiene también otras contrariedades del lado argentino. En Brasil, este tipo de emprendimientos son financiados en parte importante por el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) con tasas relativamente acomodadas para las obras que se hagan en Brasil o para las empresas brasileñas con construcciones en algunos países del exterior, como la Argentina.
Acá por ahora no hay una fuente de financiamiento similar y las empresas locales no permitirán quedarse fuera de juego. Así que habrá que esperar a ver cómo queda parado nuestro país hacia 2011, cuando ya tiene que haber solucionado los problemas pendientes con los que quedaron fuera del canje de la deuda y con el Club de París, y haber mostrado capacidad de pago de los vencimientos de los próximos tres años.
También es cierto que no podrá esperarse hasta entonces para definir nuevas fuentes de generación eléctrica. Dentro del gobierno argentino hay quienes creen incluso que sobre el río Uruguay, aguas abajo de los saltos de Moconá que son intocables porque fueron declarados patrimonio nacional, es posible construir, además de Garabí, otra represa en Roncador, también con una generación de 1.000 megavatios de potencia y un costo de u$s 1.500 millones.
No obstante, lo que resolvieron por ahora los presidentes de los dos países es licitar el estudio de inventario de los saltos aprovechables del río y la factibilidad técnica, económica y ambiental de Garabí.