El ombudsman nacional, Eduardo Mondino, reclamó ante la justicia federal una sanción económica para la secretaria de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, por el incumplimiento de las metas requeridas en el fallo de la Corte Suprema que intimó al Estado al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
No se inspeccionaron las industrias contaminantes, ni se realizó un monitoreo del aire, ni se entregaron los resultados de los testeos de calidad del agua, sólo se hicieron algunas clausuras mediáticas con escaso efecto”, explicó el defensor del pueblo a Crítica de la Argentina.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Armella, autoridad de ejecución de la medida dispuesta el pasado 8 de julio por el máximo tribunal. Ese día, la Corte Suprema ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, representados por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), llevar adelante un plan integral de saneamiento presentado luego de la demanda colectiva por daño ambiental que interpuso la Defensoría en 2006. Además fijó un programa específico, donde se obligaba a la Acumar a cumplir los requerimientos “en un plazo de 30 días hábiles”.
“En septiembre de 2006 Picolotti se comprometió a tener listo el relevamiento en 12 meses, pasaron dos años y el resultado es bastante pobre”, detalló el defensor.
Para Cristina Maiztegui, a cargo del área medioambiental de la Defensoría, “la Acumar acotó el universo de industrias a inspeccionar, limitándolas sólo a aquellas que vuelcan efluentes líquidos en la cuenca, con lo que el número de empresas que debieran ser relevadas se redujo en un 65%”. Y agregó: “Mientras el ente se refiere a 4.103 empresas, la propia autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires reconoce oficialmente la existencia de 10 mil industrias en toda la cuenca”.
Además, “se hicieron encuestas en vez de inspecciones y no contemplaron la gran cantidad de empresas clandestinas que continúan operando con total impunidad”, agregó Mondino.