La semana pasada, la Cámara de Senadores santafesina no logró acordar la elemental misión de dirigirse al gobierno nacional para que contemple la grave sequía que afecta a la provincia de Santa Fe en casi todo su territorio (el 73 por ciento ya está declarado en emergencia).
Los representantes de los 19 departamentos no encontraron el texto capaz de reunir las firmas de los integrantes de los bloques del Justicialismo (13 bancas), del Frente Progresista (cinco bancas) y del radicalismo no frentista (unipersonal).
Oficialismo y oposición coinciden en que lo que ha podido aportar hasta ahora el gobierno provincial no es suficiente para salvar al sistema productivo de base primaria, que aún subsiste pero requiere el auxilio del Estado para la compra de insumos que los campos Äpor la falta de lluviasÄ no proveen. Se trata de preservar lo que aún sobrevive: el ganado que nutre las agroindustrias láctea y frigorífica. Pero ni siquiera la perentoria necesidad pudo abrirle camino a un proyecto de declaración dirigido al gobierno nacional.
Está claro que no es sencillo sensibilizar Äno se lea el término como un eufemismoÄ al gobierno nacional respecto de la urgencia en que está sumida Santa Fe. Y que el Senado provincial, con mayoría del PJ, puede hacer una efectiva contribución a los reclamos que ya han formulado Äsin éxitoÄ los funcionarios provinciales del frente que gobierna.
El problema es que el peronismo santafesino interpreta que el primero en asistir con más fondos a los productores afectados por la sequía debe ser el Estado provincial. Es cierto que hay excepciones y hubo senadores del justicialismo que públicamente se pronunciaron por más ayuda del gobierno nacional, pero lo cierto es que el bloque piensa que primero deben liquidarse los ahorros propios.
El oficialismo, en cambio, advierte que debe ser el gobierno nacional el que brinde una asistencia global, ya que de la provincia se transfiere anualmente a la Nación mucho más de lo que obtiene de ella.
Para el PJ es hora de usar todo el Fondo Anticíclico que posee Santa Fe. Por su parte, el Frente Progresista, entiende que, en esta emergencia, el gobierno nacional debe devolver Äal menos en forma de ayuda o subsidiosÄ parte de lo mucho que se lleva por la vía impositiva. Lo deseable es que el Ejecutivo nacional se comporte como el administrador del Estado nacional y obre con responsabilidad. El productor espera Ädañado y pacienteÄ, mientras en uno y otro nivel del ámbito público hay recursos inmovilizados.
Desde que la sequía se convirtió en un tema grave, se repiten en la Legislatura los pedidos de declaración de emergencia para los distritos más afectados primero, y los departamentos, luego. Han crecido de norte a sur la mancha de la desgracia, y el otorgamiento de subsidios y descuentos impositivos provinciales que son apenas el paliativo disponible con las declaraciones de emergencia locales. El Estado nacional sigue ausente.