La Defensoría del Pueblo de la Nación y las cinco ONG encargadas de supervisar el plan para sanear el Riachuelo le pidieron al juez que maneja la causa que multe a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) por no haber cumplido los objetivos del plan incluidos en el primer plazo del cronograma determinado por la Corte Suprema.
La presentación fue realizada por el Defensor Eduardo Mondino y las instituciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Vecinos de La Boca y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Ahora, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien fuera nombrado por la Corte para manejar la causa, deberá decidir si aplica las multas contra la titular de la ACUMAR, Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación.
El 8 de julio la Corte Suprema estableció un cronograma de tareas para sanear el Riachuelo, de acuerdo con el plan presentado por la ACUMAR. El primero de esos plazos venció el viernes 5. Para entonces, la ACUMAR debía haber inspeccionado todas las industrias de la cuenca, generado un sistema de información ambiental y presentado un informe de calidad del agua y el aire.
Sin embargo, tanto en la Defensoría como en la FARN aseguraron que la ACUMAR hizo un censo de las industrias pero no verificó si contaminaban o no. Por el lado de los controles de agua, dijeron que el ente sólo presentó información parcial e imprecisa, y que aún no compró los equipos para monitorear el aire ni explicó cuándo lo hará. Y afirmaron que la ACUMAR montó una página web, pero que eso no es suficiente como método para informar sobre el avance del plan.
Eduardo Mondino le comentó a Clarín: "La sensación que tenemos es que la ACUMAR presentó algo como para zafar, pero que es insuficiente. Hacer un relevamiento de empresas no es lo mismo que inspeccionarlas, por ejemplo".
En tanto, en la ACUMAR afirmaron que habían presentado todo lo requerido en tiempo y forma y que esperan la decisión del juez.

Próximos plazos
1 A los 90 días del fallo -dictado el 8 de julio- la ACUMAR debe tener un sistema de medición de contaminación y un plan sani-tario para población en riesgo.
2 A los 180 días debe ordenarle a las empresas que presenten un plan de mitigación de riesgos. También tendrá que cerrar todos los basurales clandestinos.
3 Cada tres meses debe presentar un informe de gestión. También, aunque sin plazo, debe urbanizar villas y ampliar la red de agua y cloacas.