Un déficit de 110.000 metros cúbicos de agua por día es lo que viene arrastrando la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), según Emiliano Insfrán Rolón, presidente del ente.
Para contrarrestar el problema y no colapsar en el verano están cambiando cañerías en varias zonas de la gran Asunción. “Reemplazamos cañería para que no haya problema en el verano, pero no podemos asegurar que no ocurra”, dijo.
A su criterio el pésimo estado financiero y técnico de la aguatera estatal se debe a la falta de inversión en un lapso de 15 años. Existen unos 110.000 medidores que necesitan ser cambiados porque su vida útil se acabó. Para cambiar los aparatos la empresa necesita por lo menos invertir unos 6 millones de dólares. “No tenemos dinero para realizar una inversión tan grande. Tenemos que estar comprando por partes”, señaló Insfrán.
Refirió que de unos 190.000 usuarios, por lo menos 50.000 no poseen medidor y otros 30.000 tienen el servicio cortado.
Mencionó como causa principal de cañerías rotas la utilización de materiales de pésima calidad. Al respecto señaló que los funcionarios del departamento de materiales del ente nunca exigieron rendición a las contratistas sobre la utilización de los materiales que retiraban para la reparación de caños. “Por ese hecho varios funcionarios están bajo sumario ahora”, dijo.
Agregó que no es posible que una cañería sea reparada nada menos que diez veces. “Esto demuestra que había un absoluto descontrol en este tema”, refirió.
Al contrario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Essap no distribuye el costo de la pérdida de agua a los usuarios. Según Insfrán, la suma ronda los US$ 1.5 millón al mes, monto absorbido totalmente por la estatal.

PÉRDIDAS DE US$ 1,5 MILLONES
Las pérdidas de agua alcanzan la suma de US$ 1,5 millones, según el titular de la aguatera estatal. Las mismas son provocadas por las conexiones clandestinas. Ese monto absorbe en su totalidad la empresa estatal.
También figuran como pérdidas las conexiones directas como el caso de edificios que fueron beneficiados con este tipo de conexiones durante la etapa de construcción y que, una vez terminados los trabajos, no llegaron a solicitar la instalación de medidores.
Para combatir el flagelo, el titular del ente creó un departamento especial que se encarga de realizar las pesquisas. El informe elaborado por esa oficina será remitido al Ministerio Público para su investigación penal.