Se reclama del gobernador Jaque una nueva Cruzada del Agua en Mendoza. Su gobierno presentó un Plan Ambiental que, asegura, “priorizará la política de infraestructura del agua”. Ojalá no se disipe. El cambio climático aprieta y achica los tiempos.
Científicos e investigadores insisten en los riesgos del “cambio climático” y sugieren rápidas políticas que nos permitan prever los efectos de esa modificación ambiental. Uno de los recursos que más se ha estudiado es la futura disponibilidad de agua, que en nuestros oasis rodeados de desierto podría convertirse en un elemento crítico, escaso, inestable y promotor de graves conflictos sociales.
El régimen de precipitaciones anuales, sus ciclos, el porcentaje medio de humedad, las características de las tormentas que afectan tanto al campo como los centros urbanos, las precipitaciones de nieve que alimentan los glaciares en retroceso y el escurrir de las cuencas de nuestros principales ríos, etc., son factores que inciden directamente en la ecuación económica, social y por cierto vital de la región.
A pesar de que en los últimos 10 años se ha incrementado la inversión en obras de irrigación, hidráulica y defensas aluvionales, la dimensión de lo que hay que hacer -y los tiempos del cambio climático- convierte esas iniciativas en insuficientes. Y muchas veces inconstantes.
Hoy, la cultura del agua escasa -que fue esencial en las generaciones de principios del siglo XIX- en realidad no forma parte de los nuevos valores públicos y el Estado muestra acciones dispersas, pero no insertas en una política estratégica que tenga continuidad pese a los cambios de gobierno.
Se ha mejorado, pero en el campo mendocino -que utiliza el 80% del agua de los ríos que abastecen sus oasis- todavía se riega prioritariamente a manto, como los huarpes: sólo el 10% de las fincas -por lo general grandes emprendimientos- riega con métodos modernos (goteo, aspersión y otros).
Los técnicos insisten en que de cada 100 litros del río, a la planta llegan 30: el resto se insume en los antiguos canales de arena (si se incluye a primarios, secundarios y terciarios, sólo está impermeabilizado entre un 12 y un 14% del total de la red).
En los hogares se consume 3 veces el promedio urbano mundial (pasamos de los 526 litros por habitante por día, a los 680. Lejos de los 250 que indica la OMS). No se cumplió con extender la red de medidores del consumo domiciliario (se sigue cobrando por superficie y no por consumo). Una hectárea cultivada consume entre 11 mil y 14 mil metros cúbicos de agua por año; esa misma hectárea urbanizada consume 3 veces más, según calcula el Iadiza.
Mientras tanto, sigue en dudas el beneficio real de Mendoza, a raíz de la cesión de 800 millones de pesos -producto de un juicio por los daños de la promoción industrial- hecha por el ex gobernador Cobos a la Nación para que ésta construya su proyecto eléctrico de Portezuelo en el río Grande y a cambio de que haga las obras de trasvase de aguas del Grande al cauce del Atuel.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia concreta de que el Gobierno nacional haya puesto en marcha el proceso del embalse Portezuelo (en el presupuesto de los últimos 2 años figuró sin partidas) y el trasvase no consta expresamente en los documentos a los que se comprometió el ministro De Vido, tras la renuncia de Cobos a los derechos de Mendoza.
Tampoco se han precisado aún los alcances reales para Mendoza del reciente convenio suscripto por el gobernador Jaque con La Pampa, ante la Presidenta, por el cual la Nación compromete obras en los canales del sur a cambio de que -con la eficiencia que se consiga- se le participe a La Pampa con agua del Atuel.
Los científicos insisten en haber advertido oportunamente que los recursos por los que reclamó Mendoza en juicio, cedidos por Cobos a la Nación, debieron haber servido para afrontar esta política de prevención del agua escasa.
Porque Mendoza necesita imperiosamente ampliar su capacidad de almacenaje de agua en sus ríos, construir más diques sobre el río Mendoza y el Tunuyán, multiplicar la impermeabilización de canales y fomentar nuevos métodos de riego en las fincas.
Requiere una política que enfrente el fenómeno de la salinización y la contaminación y controle la recarga de los acuíferos subterráneos y su equilibrio de reserva (viejos y oxidados, el 30% de los 14.000 actuales pozos subterráneos contamina y está directamente para el cegamiento compulsivo). Requiere, en síntesis, políticas integrales que no están.