La escasez de agua potable que padecen algunas zonas del país es producto del desperdicio del líquido.
Estudios estiman que al menos la mitad del recurso hídrico que se produce para consumo humano no llega a facturarse.
Ese líquido se pierde de camino ya sea por fugas ocasionadas por tuberías rotas o por conexiones clandestinas.
Al final los consumidores son los afectados, pues AyA incluye en tarifas la inversión realizada en el proceso de potabilización y distribución del suministro que se pierde, dijo Luis Cubillo, director de Agua y Ambiente de la Aresep.
Además si la institución lograra cobrar toda el agua que produce, no solo aumentaría su recaudación sino que además reduciría la carga que se traslada a tarifas con el fin de realizar las obras necesarias para mejorar y ampliar las redes.
Precisamente en este momento la Aresep analiza una propuesta de ajuste del 25% planteada por AyA, que se cargaría a los ¢5.360 que pagan como promedio el sector residencial y los ¢30 mil que cancelan los industriales.
Las pérdidas en algunas zonas por conexiones clandestinas es tal que llegan a consumir hasta el 66% del líquido.
Por citar un ejemplo, el análisis encontró barrios en la capital en donde se consume alrededor de 150 mil metros cúbicos, pero solo se facturan 50 mil.
Esta situación se agrava en razón de que solo en el Area Metropolitana se presentan unas 800 fugas al mes producto del deterioro de las tuberías o de una mala unión con los medidores.
El problema es consecuencia de la poca inversión realizada en décadas por Acueductos y Alcantarillados (AyA) para renovar la red de tuberías en el país.
En relación con otros países del orbe, Costa Rica rebasa por mucho los estándares internacionales de agua potable no contabilizada, que anda por debajo del 25%.
Uno de los países más avanzados es Singapur, en donde solo se pierde el 5% del líquido para el consumo humano; por su parte, el Reino Unido registra un 25%.
Debido a esta situación, el AyA pretende llevar a cabo una serie de estudios que permitan conocer con exactitud la cantidad de agua no contabilizada en el país.
El proyecto arrancó en su primera fase hace un año, cuando por medio de un acuerdo de colaboración con la Sociedad de Aguas de Marsella (SEM), se comenzó a efectuar una evaluación del suministro de este producto en el sector de Santa Ana.
Ese análisis permitió reducir en un 13% la cantidad de agua no contabilizada y generar un aumento en la facturación de un 20% en esta localidad.
“Por medio de una sectorización, actualizando la información geográfica de los usuarios, detectando y reparando fugas y tuberías, se ha logrado pasar de un 66% en setiembre del año pasado a un 53% en junio de 2008 en aguas sin contabilizar”, afirmó Eric Jeanjean, consultor de SEM y director del estudio.
Igualmente, desde finales del año pasado el AyA ha estado colocando macromedidores en las entradas de los precarios para conocer la cantidad que se consume en estos lugares, ya que es imposible colocar medidores en terrenos que son invadidos ilegalmente.
Los primeros resultados arrojados por la colocación de estos aparatos es que se consumen al mes cerca de 1,5 millones de metros cúbicos, lo que representa unos ¢450 millones. Si la tendencia revelada por los estudios se mantiene, solo el 33% de esta cantidad se factura.
El proyecto implementado por el AyA está en la segunda etapa, la cual abarca el Area Metropolitana y tardará un año, comentó Ricardo Sancho, presidente del Instituto.
Sancho agregó que la tercera fase se extenderá paulatinamente a las demás regiones del país.
Los resultados generales estarían listos en cinco años y serán financiados por el AyA, entidad que este año invertirá ¢5 mil millones.
“Creemos que las pérdidas pueden reducirse, tenemos el reto de los precarios que representan una pérdida, aunque es agua para la gente. Esto nos va a permitir reducir las pérdidas, darles mayor vida útil a los acueductos, optimizar los sistemas y disminuir la presión por nuevas inversiones”, dijo Sancho.
No obstante, dentro del agua no contabilizada se encuentra la cantidad utilizada por los bomberos. Por lo que se pretende colocar un caudalímetro en cada hidrante para saber cuánto se utilizó para determinadas emergencias y qué cantidad se pierde realmente.