Tras largos años de debate a nivel ciudadano y en un escenario donde el 80% de los recursos hídricos del país está en manos de una transnacional -Endesa-, finalmente llegó a arenas políticas una propuesta formal para modificar uno de los puntos más controvertidos de la Constitución de 1980: la Ley de Aguas
Ayer se formó el primer Frente amplio para la nacionalización del agua en Chile", agrupación que reúne a un conjunto de actores provenientes de todas las esferas públicas y que busca -con un proyecto de ley bajo el brazo- reformar constitucionalmente el dominio público del recurso para repatriar nuestras aguas y volver a controlarlas.
"Esto es una aberración que no podemos permitir que siga pasando. Los intereses detrás del agua la convierten en un negocio sucio, con títulos indebidos para privados, adquiridos gratuitamente y que hoy se prestan para especulación financiera. Eso tiene que parar ya", dice Nelson Ávila, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y uno de los que suscribe el grupo. La iniciativa pretende modificar uno de los Códigos de Aguas reconocido como uno de los más neoliberales del mundo, ya que entrega la potestad de lucrar con el recurso a cualquier privado que se la adjudique (ver recuadro).
"Este jaque mate constitucional-legal, como nosotros lo llamamos, nos lleva, si tú lo miras de cerca, al monopolio total de los recursos hídricos y energéticos, eso queda muy claro. No sé cómo vamos a terminar con esto, pero ya es bueno que empecemos a discutir algo que venimos pidiendo hace casi 20 años", dice Juan Pablo Orrego, coordinador nacional de la ONG Ecosistemas. Según Orrego, en este momento es inconstitucional expropiar derechos de aguas, por lo que hay que "hincarle el diente" a la reforma y estar atento al debate.
Agua de utilidad pública
El proyecto de ley fue presentado ayer por el obispo de Aysén, Luis Infanti, quien hizo pública hace un mes la carta "Danos hoy el agua de cada día", donde planteó la idea base del proyecto de ley. Para el sacerdote, el anuncio debe motivar a las distintas esferas sociales a pronunciarse sobre el tema. El documento pide reestablecer la propiedad del Estado sobre las aguas, terminar con la privatización del recurso y declararla de utilidad pública a efectos de expropiación para establecer la prioridad del Estado para disponer de ellas. Además solicita consagrar el deber prioritario de conservar, proteger y usar el recurso de modo sustentable y establecer un modo de prelación de su uso y destino.
Según Manuel José Prieto, abogado ambiental de PUC, la reforma permite evitar discusiones ante el Tribunal Constitucional de proyectos de ley que pretendan reivindicar el rol del Estado en la gestión del recurso. Pero lo más importante, dice, es que establece la facultad de fijar uso preferente mediante ley. "Ello significa que el mercado dejaría de operar como instrumento de asignación y existiría una distribución por la vía del regulador", explica.
Cabe recordar que el senador Guido Girardi, precursor de esta iniciativa, anunció esta propuesta en marzo de este año, al reunirse con el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar. En esa oportunidad, Bitar dijo que la forma de cambiar este escenario era permitir la caducidad de los derechos si estos no eran usados. Actualmente, quien no use una cuenca debe pagar por no explotarla.
EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
Hoy en día, la gran piedra en el zapato del código de aguas es el inciso 11º del numeral 24 el artículo 19 de la Constitución Política, que entre otras cosas dice que “(...) los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Con este párrafo, cada privado que sea acreedor de cualquier cuenca hidrográfica puede explotarla, negociar y hacer usufructo de ella, aún cuando se haya adjudicado gratuitamente.
La reforma constitucional que postula el “Frente amplio para la nacionalización del agua en Chile” pide reemplazarlo por uno que diga que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares. Decláranse de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido. El Estado y los particulares a quienes se les ha concedido títulos sobre las aguas, tienen el deber preferente de velar por su protección y su uso sustentable. La ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir y ejercer los derechos sobre ellas.”
Luis Infanti, obispo de Aysén: “Aysén tiene la segunda reserva de agua más importante del mundo y el 96% está en manos de una empresa. Éste es un tema que podría cuestionar la soberanía del país. El llamado es a que la gestión pertenezca al Estado y las comunidades participen de las decisiones que se tomen. no sólo privados.”
Nelson Ávila, presidente Comisión Medio Ambiente: “Es una vergüenza. Chile es el único país del planeta donde un elemento tan sustancial y vital como el agua se encuentra en manos privadas. No sólo se conforman con especular con un bien que reciben gratuitamente, sino que se valen de resquicios legales para intentar menoscabar nuestro medioambiente.”
Juan Pablo Orrego, ONG Ecosistemas: “Los derechos de agua no consuntivos, creados en la constitución de la dictadura, te dan un poder de dominio de los ríos. En Ralco con dos de ellos destrozaron 70 kilómetros del Alto Bio-Bío. Ése es el poder que te otorgan estos derechos y hoy están en manos privadas.”
