Nuestro medio dialogó en forma exclusiva con Claudia González, Gerente Técnica del Servicio de Defensa del Usuario de la SUSEPU, quien refirió sus impresiones por el proyecto de contrato y nuevo marco regulatorio para Agua de los Andes en la provincia, destacando sus reparos hacia la solicitud de aumento en la tarifa del agua, ya que determinaría una “situación desfavorable en general para el usuario”.
González expresó que “en realidad lo que hace Agua de los Andes es elevar a la SUSEPU un proyecto de contrato y un proyecto de un nuevo marco regulatorio, a los efectos de que emita su opinión como ente de contralor. El directorio solicitó a los distintos departamentos involucrados y a la gerencia de agua, al departamento legal y a la gerencia del usuario, que eleven un informe con la opinión sobre el proyecto de contrato de concesión del servicio de agua y cloacas, y el proyecto del nuevo marco regulatorio”.
A esto agregó que “en mi caso particular tengo muchos reparos respecto del proyecto: yo creo que todo se puede mejorar y conversar, pero particularmente veo que en el proyecto de contrato hay toda una situación disvaliosa para el usuario. En general, la misma Ley de Defensa del Consumidor advierte ese desequilibrio entre las partes involucradas en la relación de consumo y en la relación de usuario”.
En este sentido, “por un lado encontramos una empresa fuerte, grande, con asesores, y por otro lado, en el caso del reclamo puntual, un solo usuario que manifiesta un problema. Para equiparar ese desequilibrio en las fuerzas, la Ley de Defensa del Consumidor prevé una presunción a favor del usuario en caso de duda”.
Sin embargo, “por el contrario, yo veo en este contrato una situación desfavorable en general para el usuario: hay algunos casos puntuales en que se agrava la situación del usuario, que hace recaer sobre él situaciones que de ninguna manera puede normalizar o responder. Hay un elevado aumento tarifario que no está justificado, y en el proyecto el cargo fijo se quintuplica, lo que a mí me parece un exceso”.
En cuanto a los motivos por este aumento, “la empresa invoca una muy difícil situación económica, que no le permite prestar el servicio en las condiciones que los jujeños se merecen, y lo que a mí más me importa es que no les permite hacer inversiones. Es probable que la tarifa esté baja en estos momentos, que esté retrasada y que haya que hacer algún ajuste; sin embargo, si por primera vez los jujeños vamos a contar con un contrato de concesión, yo creo que lo mejor es hacerlo de la mejor manera, contemplando todos los intereses de las partes”.
Por lo tanto, “creo que la única manera de discutir una concesión del servicio público y un nuevo cuadro tarifario es por medio de la audiencia pública, donde todos los actores involucrados puedan expresar su opinión. En el contrato no se prevé que ningún tipo de inversiones esté a cargo de Agua de los Andes: las inversiones van a ser con fondos que podrá aportar el Gobierno nacional, provincial y municipal, llegado el caso”.
Es por eso que “esas son situaciones que en el transcurso del contrato van a plantear conflictos con los usuarios, y hay que tenerlas claras desde un primer momento. La discusión podrá darse en el marco de la audiencia pública, el Estado Provincial tiene las facultades para firmar el contrato, pero tratándose de la concesión de un servicio público, yo creo que la intervención de la Legislatura es ineludible”.