Las autoridades sanitarias carecen, por completo, de controles que permitan determinar si el crecimiento de la producción de piña en el país está provocando o no daños en el ambiente.
Ni el Ministerio de Salud, ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) saben si los agroquímicos usados en las plantaciones están contaminando las fuentes de agua para consumo humano.
En vista de lo anterior, no pueden responder con certeza a las denuncias formuladas en los últimos meses por ambientalistas y organizaciones comunales en distintas zonas del país.
Los cuestionamientos se agudizaron luego de que un estudio de laboratorio (el único que se ha hecho) detectara la presencia de bromacil, un plaguicida de alta toxicidad, en acueductos de Siquirres, en Limón.
José Luis Vargas, director de protección al ambiente humano, del Ministerio de Salud, reconoció que las empresas piñeras presentan informes de laboratorio privados, pero que el Estado no ha hecho su parte.
Sin ese control cruzado, es imposible determinar la calidad del agua que consumen miles de familias que viven cerca de 40.000 hectáreas de piña, desperdigadas en la zona norte, el Caribe, Pérez Zeledón y el Pacífico sur.
Darner Mora, director del Laboratorio de Aguas, también acepta que faltan análisis técnicos y promete intervenir en aquellas zonas donde la naciente o el acueducto esté cerca de las enormes plantaciones.
Voraz. En apenas cinco años, la piña se convirtió en el segundo producto agrícola de exportación. La producción de esta fruta pasó de 992.000 toneladas en el 2003, a casi 2 millones de toneladas en el 2007.
Solo el año pasado, las piñeras reportaron exportaciones por $489 millones (¢273.000 millones).
Lo que no está cuantificado es el monto del año ambiental provocado por el inadecuado manejo de plaguicidas, como en Siquirres.
Darner Mora, del AyA, cree que la culpa del descontrol radica en la legislación ambiental porque, según dice, esta no le exige a los productores un estudio hidrogeológico de las tierras donde trabajan.
Un estudio de ese tipo revelaría si hay fuentes de agua potable y si hay riesgo de filtración de tóxicos hacia los mantos acuíferos.
Mora admite que ese requisito no debería ser solo para los piñeros, sino para cualquier actividad que incluya el uso de plaguicidas.
La falta de controles y de información caldea los ánimos en varias comunidades.
El hecho más reciente ocurrió a finales de agosto, cuando una turba destruyó tres hectáreas de piña en la finca Ticoverde, en La Perla de Guácimo, en Limón.
Aunque no hay estudios científicos que demuestren una posible contaminación del agua, los vecinos creen que la piñera debe irse.
Su posición es respaldada por el Foro Emaús, un grupo comunal y sindical que en los años 90 combatió las plantaciones de banano.
En la otra acera, Alexánder Bolaños, gerente de la Hacienda Ojo de Agua, en Siquirres y con una producción de 1.110 hectáreas, sostiene que no se puede generalizar y que hay productores que trabajan en asocio con el ambiente.
Aunque resulta más caro, los productores más amigables con el entorno deshierban a mano en lugar de usar tóxicos y entierran los desechos orgánicos para reducir las plagas de moscas.

6000 personas deben recibir agua en cisternas
Unas 6.000 personas del Cairo, Louisiana, Milano y la Francia de Siquirres tienen 14 meses de no poder tomar el agua de sus acueductos, porque está contaminada con agroquímicos.
Su consumo está prohibido desde julio del 2007, cuando el Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmaron que el líquido está contaminado con plaguicidas usados en fincas piñeras.
Desde entonces, el agua llega a estas comunidades en cisternas y el abastecimiento mensual le cuesta al AyA ¢15 millones, para un gran acumulado de ¢210 millones en los últimos 14 meses.
Ingrid Marín, vecina de la Francia de Siquirres, llena tanques cuando llega el cisterna, de día de por medio. Aunque no toma agua del acueducto, sí reconoce que utiliza el líquido para otras actividades diarias y no sabe si eso es peligroso para su salud.
Los estudios dicen que el agua del acueducto de Cairo es potable y que la de Milano sigue contaminada por bromacil y otros insecticidas y funguicidas. Bromacil es un químico que se le relaciona con cáncer de la tiroides, hígado y riñón, admitió la ministra de Salud, María Luisa Ávila.
Ella aseguró en junio que liberaría el agua para consumo y regularía por decreto la presencia de agroquímicos en aguas de consumo humano, pero ninguna de las dos cosas se ha hecho.
En aquel momento, Ávila dijo que las concentraciones de agroquímicos habían bajado. Aseguró que “el bromacil ya no aparecía y el diuron era casi indetectable”.
Esto después de que algunas empresas, por decisión propia, suspendieran el uso de bromacil y otras recibieran la orden de hacerlo por parte del sector Salud.
Pero recientes análisis de laboratorio de la Universidad Nacional (UNA) confirman que el acueducto de Milano sigue contaminado.
“Hasta ahora no se nos ha dicho que podemos usar el agua de los tubos y no queremos arriesgarnos a enfermarnos”, reconoció Amalia Cortés, en Milano de Siquirres.
AyA intentó solucionar el problema perforando otro pozo en estas comunidades, pero no funcionó porque su producción de agua fue poca y hallaron agroquímicos.

Piña genera moscas en la zona norte
Carlos Hernández y Vanessa Loaiza
Zona norte. Finqueros de la zona norte responsabilizan a las plantaciones piñeras por las plagas de moscas que azotan la región
Comunidades en Sarapiquí, Upala y San Carlos enfrentan una proliferación de moscas “chupasangre” que nacen de la descomposición de desechos orgánicos o de rastrojo en fincas piñeras.
Así lo confirmó el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Las moscas no solo chupan la sangre del ganado, sino que pueden picar las ubres y dañar la calidad de le leche.
Pero Gustavo Zamora, gerente de la finca Agromonte, alega que las moscas también pueden aparecer por el uso de abonos orgánicos como gallinaza o cerdaza, que los agricultores usan en la zona norte.
Daño ambiental. Jorge Acosta, el comité de seguridad comunitaria de Boca Arenal, San Carlos, acusa a las piñeras de dañar humedales y de lanzar por los desagües agroquímicos sin tratar a la quebrada Poró o al río San Carlos.
Denuncias similares están en el Ministerio del Ambiente desde el 2004, sin que a la fecha haya una investigación en proceso.
En Guácimo, Manuel Peraza, director de la escuela de Cartagena, reveló que los 55 alumnos del centro se enfermaban de vómito y diarrea cuando consumían agua de un pozo cercano a la finca piñera.
La Universidad Nacional halló residuos de bromacil (un herbicida tóxico) en el piso de la escuela.

Director Laboratorio de aguas del AyA
Legislación es muy débil
Con excepción de Siquirres, ¿hay estudios sobre presencia de plaguicidas en fuentes de agua potable cerca de piñeras?
Solo Siquirres está recientemente documentado.

¿Qué pretende hacer el AyA al respecto?
Tengo programado hacer análisis de laboratorio en los lugares donde haya acueducto cerca de producciones piñeras. En otros lugares donde no haya fuentes de agua para consumo humano sería botar la plata.

El Ministerio de Salud promueve un reglamento para fijar niveles máximos de bromacil en el agua. ¿Qué opina?
Hay un principio básico: ninguna fuente de agua para consumo humano debe tener agroquímicos. Nada.

¿Qué propone entonces?
Yo lo que quiero es que se elimine la lista de plaguicidas con máximos permitidos del Reglamento para la Calidad de Agua Potable, el cual data de mayo del año 2005.

Esa falta de control de la relación entre fuentes de agua potable y piñeras, ¿qué significa para usted?
Que la falta de protección a las fuentes es culpa de la legislación que tenemos, que no solo debería definir el perímetro de protección de la fuente a 200 metros. Debería decir que la empresa productora haga un estudio hidrogeológico del agua para determinar si el contaminante podría filtrarse hacia aguas subterráneas.

¿Qué pasó con el herbicida bromacil?, ¿por qué tanto tiempo sin regulación en el país?
El problema del bromacil es que no estaba en nuestra legislación, ni en nuestras normas. Los productores se regulan con los máximos permitidos en agua que fija la legislación estadounidense: 90 microgramos por litro de agua.

¿Eso es mucho?
Claro. El reglamento de Salud propone un máximo de 5 microgramos por litro de agua.