El Senado de Corrientes aprobó este jueves un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo que requiera al gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, que informe sobre el impacto ambiental que ocasionaría la radicación de la planta industrial de producción de arrabio que impulsa sobre las costas del Paraná en la localidad de Vilelas. Por otra parte modificó un artículo por lo que el Estado debe pagar un sueldo completo a un empleado público por cada diez años de servicio.
El Paraná es el río que divide las orillas de Chaco y Corrientes. De allí la injerencia del Senado correntino en la cuestión. El proyecto, registrado con el número 2438/08, fue presentado por los legisladores Gustavo Canteros y Ricardo Colombi.
El arrabio es un material elaborado con mineral de hierro, y se conoce comúnmente como Acero. Su elaboración demanda la construcción de grandes hornos para la quema de miles de toneladas de coque y carbón vegetal para llegar a las altas temperaturas.
“Dichos combustibles se obtienen fácilmente en la Provincia del Chaco, por ello interesa la localización de este gran emprendimiento en dicho territorio”, sostienen los legisladores en sus fundamentos.
El proyecto sostiene detalla que “la quema de coque y carbón vegetal libera enormes cantidades del altamente tóxico monóxido de carbono. Sumados a esto, los óxidos del hierro mineral que surgen del proceso de reducción a hierro metálico, producto de una reacción química compleja con silicato de calcio. Finalmente, los desechos se esparcen en toda la atmósfera, por medio del humo y el viento”.
Por ello, los legisladores creen que del proyecto industrial chaqueño -uno de los más ambiciosos en agenda- sobrevendrá contaminación a las costas de Corrientes.
“Resulta inevitable que Corrientes sea afectada en un radio de estimado en aproximadamente cien kilómetros de la ribera del río Paraná hacia el sur”, señalan los legisladores.
El proyecto suerte luego de que organizaciones no gubernamentales ambientalistas que operan en la provincia advirtieran al Senado sobre la “necesidad de tomar medidas preventivas” y “medir el impacto en la calidad de vida” de la planta industrial” en Corrientes.
“No queremos que se imponga una situación de hechos consumados, tal como sucedió con el caso de Botnia en Gualeguaychú”, alegaron los ambientalistas.
El proyecto aprobado por el Senado este jueves sostiene que el proyecto industrial en Chaco “carece de estudios serios de impacto ambiental”, y argumenta que “tampoco se haya emitido comunicación formal por parte del Gobierno de Corrientes, que lleve suficiente información, conocimiento y tranquilidad a la población de la provincia potencialmente afectada”