El Senado de Corrientes, aprobó un Proyecto de Resolución, iniciativa de Gustavo Canteros por la cual se dispone: Requerir al Poder Ejecutivo Provincial, se sirva solicitar información detallada al Gobernador de la Provincia del Chaco sobre la eventual radicación de una planta industrial de producción de arrabio en las proximidades de la ribera del río Paraná para evaluar el impacto ambiental y tomar las medidas pertinentes ante el riesgo concreto de contaminación.
El expediente 2438/08 señala en su fundamentación que “según ha trascendido recientemente, el Gobierno del Chaco impulsa la radicación de una planta industrial de producción de arrabio en las proximidades de la localidad de Puerto Vilelas, en la ribera del río Paraná y señala que el arrabio es un material elaborado con mineral de hierro, y se conoce comúnmente como Acero. Su elaboración demanda la construcción de grandes hornos para la quema de miles de toneladas de coque y carbón vegetal para llegar a las altas temperaturas. Dichos combustibles se obtienen fácilmente en la Provincia del Chaco, por ello interesa la localización de este gran emprendimiento en dicho territorio”.
Puntualiza la iniciativa que “la quema de coque y carbón vegetal libera enormes cantidades del altamente tóxico monóxido de carbono. Sumados a esto, los óxidos del hierro mineral que surgen del proceso de reducción a hierro metálico, producto de una reacción química compleja con silicato de calcio. Finalmente, los desechos se esparcen en toda la atmósfera, por medio del humo y el viento”.
Se advierte a la hora de fundamentar la iniciativa que “en definitiva, la contaminación ambiental es lo sobrevendrá en nuestro paisaje ribereño de radicarse esta planta industrial en Puerto Vilelas. En cuyo caso resulta inevitable que nuestra Provincia sea afectada en un radio de estimado en aproximadamente cien kilómetros de la ribera del río Paraná hacia el sur”.
Atentas a la situación, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas locales comenzaron a advertir sobre la necesidad de tomar medidas preventivas y medir el impacto en la calidad de vida en Corrientes, antes que se imponga una situación de hechos consumados, tal como sucedió con el caso de Botnia en Gualeguaychú.
En la fundamentación se señala que “es preocupante que, además de carecer de estudios serios de impacto ambiental, tampoco se haya emitido comunicación formal por parte del Gobierno de Corrientes, que lleve suficiente información, conocimiento y tranquilidad a la población de la provincia potencialmente afectada”. Y concluyen puntualizando que “Esta preocupante vacancia de la política ambiental del Poder Ejecutivo urge a esta Cámara a advertir sobre el problema. Es por ello que se requiere al Poder Ejecutivo, que por su intermedio, se solicite al Sr. Gobernador del Chaco información sobre la naturaleza, plazos, alcances e impacto del proyecto industrial en ciernes. Y todo elemento de procedencia oficial que sirva a la provincia de Corrientes para efectuar un análisis en profundidad, una toma de posición y la instrumentación de medidas pertinentes ante esta preocupante situación”.